El Gobierno Provincial continúa echando la culpa al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por el déficit crónico de la obra social provincial. Este problema, de larga data y estructural, no tiene culpa ni de los municipios ni de los afiliados. La verdadera intención parece ser transformar la obra social en una prepaga desregulada, donde los santacruceños podrían enfrentar costos superiores a $400.000. Este modelo expulsivo, similar al propuesto por Milei, huele a privatización.
La actual administración parece centrada en la confrontación política entre Claudio Vidal y Pablo Grasso, usando cualquier motivo en la gestión provincial como un arma contra la Rio Gallegos. La falta de diálogo ha impedido que la Provincia cumpla sus compromisos con los municipios.
Desde 2015, Santa Cruz ha experimentado un crecimiento significativo, y es urgente una revisión de la coparticipación para una distribución más equitativa. No es justo cargar con el déficit crónico de la obra social a los municipios o a los afiliados. La gestión actual no muestra creatividad para solucionar el problema: los $23.000 millones destinados a la deuda con Nación, que no tiene vencimiento, podrían haber cubierto casi dos veces el déficit actual de la CSS.
Recientemente, el Gobernador comparó el sistema solidario con una prepaga, una afirmación sin base, dado que las prepagas están desreguladas. Esto sugiere un posible plan para privatizar totalmente la obra social en Santa Cruz, con los estatales pagando cifras exorbitantes. El modelo que propone Nación y SER, el partido del Gobierno, parece estar alineado con esta estrategia, reflejando un posible boicot a la obra social.
El Gobierno Provincial parece estar más enfocado en intereses económicos que en una gestión para cubrir las necesidades de la gente, el ajuste salvaje en la cobertura de medicamentos para los afiliados de la CSS va en sintonía con el ajuste a los jubilados de PAMI que viene realizando el Gobierno Nacional. Hoy por hoy el único camino que parecen encontrar los afiliados a la CSS es la presentación de amparos para la cobertura que hasta no hace tanto era total o en porcentajes mayores. Santa Cruz ha enfrentado situaciones económicas y financieras muy graves y nunca el ajuste recayó en los medicamentos.
Imagen: Rafael Yohai
