En etapa de creación, el “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales” presentado por la Defensoría del Público” genera fuerte resistencia en la oposición.

En el aniversario de los 11 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público presentó “NODIO, La oposición critica la intervención del estado y advierte que se “busca instalar un discurso único violando derechos consagrados”.

Como una iniciativa de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que trabajará en “la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión” se impulsa la creación del Observatorio NODIO

Desde el organismo, señalan que “una de sus misiones y funciones es recibir y canalizar los reclamos y consultas de las audiencias y no tiene capacidad sancionatoria alguna.” Sin embargo en una columna de opinión publicada por La Nación y firmada por la diputada nacional Roxana Reyes, la legisladora menciona su preocupación por esta nueva acción del gobierno nacional, porque -señala- “que desde la comunicación busca instalar un discurso único y viola derechos consagrados: el derecho humano a la comunicación y el derecho a la libertad de pensamiento, ideas, de opinión y de prensa.”

Desde la Defensoría aclaran que “no existe intención alguna de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa, actividades que son incompatibles con las funciones de la Defensoría del Público.” A pesar de ello, la diputada nacional indica que “lamentablemente acciones de este tipo no son una novedad” ya que en su provincia, “el gobierno ha implementado un modelo exclusivo de concentración de la información, tanto pública como privada, y de nula pluralidad de voces.”

“En Santa Cruz los medios públicos, como Canal 9 de Televisión Oficial y Radio Provincia LU14, desde hace años fueron convirtiéndose en verdaderos canales de propaganda oficial, donde las voces de la oposición son sistemáticamente silenciadas.” fundamenta Reyes.

Desde la página oficial de la Defensoría del Público explican que “el observatorio está aún en etapa de conformación. Y que ha sido pensado como una línea de trabajo que contará con la participación de plataformas digitales, universidades, comunicadores y comunicadoras, sindicatos, cámaras empresarias, empresas de comunicación y miembros de la sociedad civil. Tiene como objetivo promover la libertad de expresión y el debate democrático.”

No obstante, según Reyes, en la provincia de Santa Cruz “no hay conferencias de prensa, ni acceso a la información pública. No hay controles sobre las acciones del gobierno y el periodismo independiente es demonizado desde el gobierno, al igual que las voces opositoras” indica. “Los medios de comunicación que intentan ser independientes son castigados, el poder baja la información que se debe publicar para ser leída por una población acostumbrada a falsas noticias creadas a medida del mensaje oficial homologado.” agrega.

“Este extendido control sobre la información y sobre la comunicación social local va en contra de la transparencia en la gestión, la cual supone en sí misma hacer pública la información sobre la planificación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas por parte del Gobierno. Sin transparencia se vulneran los valores democráticos. Va en contra también de la libertad de expresión y del derecho humano a la comunicación.”

Roxana Reyes señala que el control estatal de la comunicación “no debe ser nunca el modelo en las sociedades democráticas, republicanas y libres. Los gobiernos en los modelos democráticos modernos deben y necesitan comunicarse con la población de manera veraz, rigurosa y eficiente; y deben garantizar la pluralidad de voces como parte fundante de la democracia”.