La Asociación que representa a jueces y funcionarios judiciales de Santa Cruz repudió declaraciones del gobernador y su vice, y advirtió sobre la gravedad institucional de cuestionar sin fundamentos a un poder del Estado.

En un comunicado  la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz expresó hoy su “más enérgico rechazo” a recientes manifestaciones públicas realizadas por el gobernador Claudio Vidal y el vicegobernador Fabián Leguizamón, a quienes acusó de lanzar cuestionamientos infundados y sin individualización de hechos concretos hacia integrantes del Poder Judicial.

“La gravedad institucional de este tipo de declaraciones no puede ser minimizada”, señala el documento, difundido desde Río Gallegos. La Asociación consideró que los dichos del Ejecutivo constituyen una “afrenta directa” a uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la independencia del Poder Judicial.

El pronunciamiento remarcó que, en el marco de un sistema republicano y federal, la existencia de una justicia independiente “es una condición esencial para el pleno ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía”, y advirtió que discursos de este tenor “promueven un debilitamiento del equilibrio institucional”.

Si bien no se precisó a qué declaraciones concretas hacían referencia, el texto señala que los planteos fueron formulados “sin sustento específico, sin individualización de causas y sin hechos que acrediten una acusación de tamaña gravedad”.

Desde la Asociación también manifestaron su preocupación por lo que consideraron una falta de responsabilidad política e institucional al formular este tipo de expresiones, sobre todo “cuando se dirigen contra una jurisdicción judicial que actúa conforme a principios de legalidad, imparcialidad y sujeción plena a las normas constitucionales y convencionales”.

Finalmente, la entidad ratificó su compromiso con la defensa de la independencia judicial, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y “el respeto irrestricto a la autonomía de los poderes provinciales”, que —según subrayaron— son fundamentos esenciales del sistema federal argentino.

El comunicado se conoce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial provincial, en medio de causas sensibles que involucran a funcionarios públicos y donde se percibe, desde algunos sectores, una intención del Gobierno por influir en decisiones judiciales.