El presidente Alberto Fernández junto a María Fernanda Raverta Directora Ejecutiva de la ANSeS anunciaron la eliminación del tope de 5 hijos por familia y  la creación del Certificado de Pre-Identificación (CPI) para dar con aquellas personas que no están registradas.

 

La Asignación Universal por Hijo (AUH), creada el 29 de octubre de 2009, es una de las principales políticas de protección social de la Argentina. Es una de las herramientas con las que cuenta el Estado para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad social mediante una prestación económica con contraprestación: realización de controles de salud y educación.

Con la idea de avanzar hacia un sistema unificado que rompiera con el dualismo y la brecha entre trabajadores formales e informales, la AUH llegó para universalizar la cobertura y la protección de la familia.  Y así fue que al año siguiente de su implementación se amplió a los infantes en gestación abonando la misma suma a las personas embarazadas. Años más tarde se amplió a los hijos de monotributistas y de empleados con contratos temporales y a personas que cobraran en simultáneo otros planes sociales.

 

Según un informe realizado en 2019 sobre el impacto de esta política, se logró brindar cobertura al 80% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

 

¿Qué pasa con el 20% restante? Una parte queda fuera por la limitación de 5 hijos que reciben el beneficio por familia, o por no estar registrados en ninguna base de datos.

 

Por eso el Gobierno anunció las nuevas condiciones para acceder al beneficio, que implica eliminar el tope de 5 hijos y la creación del Certificado de Pre-Identificación (CPI), para dar con aquellas personas que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), para facilitar la identificación y emisión del DNI y garantizar su derecho a la identidad.

 

Además, el presidente Fernandez también aseguró que  en el contexto de pandemia para “aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la AUH impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o garantizar la escolaridad, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación”.

Raverta, en tanto,  “que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos”.

De acuerdo a los datos de la ANSES, en la Argentina aproximadamente un millón de niños, niñas y adolescentes se encuentran por fuera del sistema de la Seguridad Social, y mediante un registro del organismo ya lograron identificar a 723.987 de ese total.