$13.000 MILLONES DE CASTIGO: LA PATOTA PATRONAL DE CLAUDIO VIDAL
REPUDIO AL ATAQUE CONTRA EL GREMIO DOCENTE: EL GOBIERNO MULTA A A.DO.SA.C. POR $13.000 MILLONES
El conflicto docente en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo que deja al descubierto la estrategia de confrontación elegida por el gobernador Claudio Vidal. Mientras el Congreso de A.DO.SA.C. había decidido suspender los paros previstos para la próxima semana si el gobierno convocaba a paritarias, la respuesta oficial no fue un gesto de diálogo, sino una multa millonaria de $13.000 millones.
La medida fue ejecutada por el Ministerio de Trabajo provincial y calificada por el gremio como “absurda e ilegal”. No es un detalle menor: el monto equivale a diez veces el patrimonio total de la asociación, lo que en los hechos representa un intento de asfixia financiera sin antecedentes en el país.
La paradoja del “sindicalista gobernador”
La sanción cobra mayor relevancia si se considera la figura del propio gobernador. Claudio Vidal, dirigente petrolero devenido mandatario provincial, quedó ahora en el centro de la escena como un “sindicalista que multa a sindicatos”. Una paradoja que no pasa desapercibida en la provincia, donde los gremios ven en esta jugada un mensaje directo: quien se atreva a reclamar derechos, deberá enfrentarse a la maquinaria del Estado.
Reacción del gremio
Desde la Comisión Directiva de A.DO.SA.C. anunciaron que responderán en el terreno legal, pero también convocaron a la militancia activa:
“La mejor respuesta a este ataque contra nuestro gremio es la UNIDAD y la PARTICIPACIÓN masiva en las actividades de estos días”, señalaron en un comunicado, destacando la importancia de la asamblea provincial que se realizará este sábado 6 en Río Gallegos.
Llamado a la solidaridad
El gremio docente extendió el llamado a todas las organizaciones sindicales y democráticas para que se pronuncien en repudio, hagan llegar esa manifestación a la Casa de Gobierno y difundan a nivel nacional la situación.
La embestida contra A.DO.SA.C. desnuda un escenario donde el gobierno parece apostar a la represión económica y simbólica antes que al diálogo. Un movimiento que, más allá del conflicto particular, tensiona la relación entre sindicatos, Estado y derechos laborales en Santa Cruz.
