LA JURA IMPOSIBLE Y EL CAPRICHO DEL PODER
La entrada en funciones de un vocal del Tribunal Superior de Justicia es uno de los actos más trascendentes que puede atravesar un Estado, ya sea nacional o provincial. Se trata de un procedimiento complejo donde intervienen los tres poderes: el Ejecutivo al enviar las ternas, el Legislativo al elegir un nombre y el Judicial al tomarle juramento. Solo cuando ese proceso se completa, el vocal adquiere legitimidad y plenas atribuciones.
En Santa Cruz, ese mecanismo fue distorsionado a niveles inéditos. El oficialismo quiso hacer creer que con el juramento tomado por el presidente del Tribunal, “el Tano”, era suficiente para dar por concluido el acto. Pero esa interpretación excede las facultades de la presidencia: lo que corresponde, por mandato institucional, es la aceptación del cuerpo colegiado en su conjunto.
El propio presidente lo reconoció en sus resoluciones al admitir que lo actuado era ad referéndum del resto de los vocales. Y cuando los demás magistrados debieron pronunciarse, la maniobra se desmoronó: sin convalidación, no hay acto válido. El juramento quedó incompleto, el nombramiento vacío de contenido.
Lejos de corregir el error, el gobernador Claudio Vidal y su bloque político avanzaron a contramano de la Constitución. Sesionaron con medidas cautelares vigentes que lo impedían, ignoraron resoluciones judiciales y convirtieron una formalidad institucional en un espectáculo de fuerza bruta. No lograron jueces nuevos: lograron sumar acusaciones de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El bochorno fue doble. En lo jurídico, porque el acto carece de validez. En lo político, porque desnuda la verdadera intención del oficialismo: no construir una Justicia independiente, sino armar un Tribunal a la carta, con nombres propios puestos al servicio del poder.
El resultado es lapidario: un juramento que nunca existió, un Tribunal fracturado y una provincia atrapada en el capricho de un gobernador que confunde mayorías circunstanciales con derecho a avasallar las instituciones.
La historia recordará este episodio como la “jura imposible”: un acto que no fue, una legalidad que no existió y una Constitución que, una vez más, fue tratada como un obstáculo menor frente al apetito del poder.
