EL GREMIO JUDICIAL DENUNCIA QUE AMPLIAR EL TSJ PONE EN JAQUE SUELDOS
Gremio Judicial advierte que la ampliación del TSJ pone en jaque salarios y servicios esenciales
Río Gallegos. El gremio de los trabajadores judiciales volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el manejo del presupuesto provincial y denunció que la decisión política de ampliar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve vocales amenaza directamente la estabilidad salarial de toda la administración pública.
En un comunicado difundido este 1° de octubre, la comisión directiva recordó que el pasado 18 de septiembre presentaron un amparo con medida cautelar para que se revise el presupuesto provincial, justamente por el impacto económico que implicaría la creación de cuatro nuevas vocalías en el máximo tribunal.
“No se trata de un planteo abstracto: se trata de nuestro salario, de la estabilidad de nuestro sistema salarial y del destino de los recursos públicos que deberían priorizar la educación, la salud, la justicia de primera instancia y todos los servicios que hoy atraviesan una crisis visible”, expresaron.
Salarios impagos y prioridades cuestionadas
El gremio remarcó que este primero de mes los haberes de la administración central, incluidos los del sector judicial, aún no habían sido depositados. Para los trabajadores, este dato confirma la alarma que motivó la acción judicial: “El presupuesto no alcanza, y cada peso que se destina a engrosar estructuras de poder es un peso menos para los trabajadores y para la sociedad que necesita hospitales con insumos, escuelas con condiciones dignas y juzgados que funcionen”.
La conducción sindical cuestionó también las respuestas del oficialismo, a las que calificó como cargadas de “falsas acusaciones políticas”, pero sin fundamentos sobre el planteo central: cómo se sostendrán los salarios y la inversión en servicios esenciales si se incrementa el gasto en altos cargos judiciales.
Una defensa que se prolonga
El gremio judicial aseguró que seguirá firme en su postura y advirtió que no permitirá que “el esfuerzo de los/as trabajadores/as judiciales y de toda la comunidad quede en segundo plano”.
“Detrás de cada salario impago, de cada hospital sin recursos y de cada escuela sin inversión, hay familias, hay proyectos de vida y hay derechos que deben ser respetados”, concluyó el documento firmado por la comisión directiva.
COMUNICADO COMOPLETO
Compañeros/as
El pasado 18 de septiembre presentamos un amparo con medida cautelar solicitando la revisión del presupuesto provincial. Lo hicimos porque advertimos que la decisión de ampliar el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 vocales tendría un fuerte impacto económico en las cuentas de la provincia.
No se trata de un planteo abstracto: se trata de nuestro salario, de la estabilidad de nuestro sistema salarial y del destino de los recursos públicos que deberían priorizar la educación, la salud, la justicia de primera instancia y todos los servicios que hoy atraviesan una crisis visible.
Hoy, primero de mes, los salarios de la administración central —no solo de los judiciales, de toda la administración— aún no fueron depositados. Esta realidad confirma la preocupación que expresamos en la Justicia: el presupuesto no alcanza, y cada peso que se destina a engrosar estructuras de poder es un peso menos para los trabajadores y para la sociedad que necesita hospitales con insumos, escuelas con condiciones dignas y juzgados que funcionen.
Cuando levantamos la voz para defender lo que es de todos, recibimos respuestas cargadas de falsas acusaciones políticas, pero nunca argumentos válidos sobre lo que realmente planteamos. Nunca explicaron cómo se va a sostener el salario de los trabajadores, ni cómo se va a invertir en educación o salud si se incrementa el gasto en los altos mandos judiciales.
Seguiremos firmes en nuestra defensa: no vamos a permitir que el esfuerzo de los/as trabajadores/as judiciales y de toda la comunidad quede en segundo plano. Porque detrás de cada salario impago, de cada hospital sin recursos y de cada escuela sin inversión, hay familias, hay proyectos de vida y hay derechos que deben ser respetados.
Comisión directiva 1/10/2025
