LA FAM ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE UNA INTERVENCIÓN AL PODER JUDICIAL DE SANTA CRUZ
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) emitió un fuerte comunicado en el que alerta sobre los intentos de avanzar con una intervención al Poder Judicial de Santa Cruz, en medio de la crisis institucional que atraviesa la provincia desde la ampliación irregular del Tribunal Superior de Justicia.
“El respeto institucional es la base de la República y de la democracia”, señaló la FAM, que agrupa a las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales de todo el país. En ese marco, la entidad presidida por Marcela Ruiz expresó su “acompañamiento a los magistrados y funcionarios que viven con preocupación” la posibilidad de una injerencia política directa sobre la justicia santacruceña.
El texto, firmado también por el secretario general Christian Fabio, advierte que las amenazas de intervención o las vías de hecho no son compatibles con el sistema democrático y que los conflictos deben resolverse “en forma pacífica, con respeto a las decisiones judiciales, las que eventualmente pueden revisarse por vía del recurso extraordinario federal, pero nunca desconocerse”
Un mensaje con destinatario político
Si bien el comunicado evita mencionar actores concretos, su contenido se interpreta como una respuesta al clima de confrontación política que se desató en Santa Cruz tras los fallos del Tribunal Superior de Justicia que declararon nulos los juramentos de los nuevos vocales designados por la Legislatura.
Desde el oficialismo provincial surgieron voces que propusieron avanzar con una intervención federal o el desfinanciamiento del Poder Judicial, medidas que ahora la FAM considera una amenaza directa a la independencia judicial.
“El desfinanciamiento del servicio de justicia solo afecta al pueblo de la provincia. Son los vulnerables los que necesitan de su actividad y a ellos perjudican los recortes y la falta de independencia”, advierte el documento
Contexto: la crisis institucional santacruceña
El pronunciamiento de la FAM llega en un momento de máxima tensión entre los poderes provinciales. Tras una seguidilla de resoluciones judiciales que invalidaron los juramentos de nuevos jueces y vocales, el Gobierno provincial intensificó su ofensiva política, mientras la oposición y los gremios judiciales alertan sobre el “vaciamiento” institucional.
La Federación reclama “diálogo responsable y maduro” entre los poderes del Estado, recordando que restringir la autonomía provincial mediante una intervención judicial es una herramienta política ajena al respeto democrático actual
Señal a la Corte Suprema
En los últimos párrafos, la FAM remarca que los conflictos de competencia o interpretación deben canalizarse “por los mecanismos de control de legalidad y constitucionalidad”, una frase que muchos interpretan como una invitación a que el conflicto llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evitando cualquier salida política o coercitiva.
Con esta postura, la entidad que nuclea a los jueces del país se alinea con la Asociación de Magistrados de Santa Cruz y busca enviar un mensaje de respaldo a la independencia judicial en una provincia históricamente marcada por la tensión entre el poder político y el sistema de justicia.
