BLANCO SOBRE NEGRO EN EL NOMBRAMIENTO DE JUECES Y UN FRENO A LOS ATAJOS DEL PODER
El fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el nombramiento de jueces llega en el momento justo y cumple una función que en Santa Cruz suele escasear: poner blanco sobre negro. Con argumentos sólidos, sin estridencias y lejos de cualquier interpretación antojadiza, la Justicia dejó en claro que el proceso de designación de magistrados no es un trámite administrativo más ni una herramienta al servicio de la coyuntura política.
Lo que el fallo marca, con precisión quirúrgica, es que existen reglas constitucionales que no admiten atajos. El nombramiento de jueces exige procedimientos claros, tiempos razonables y el respeto estricto del rol que le cabe a cada poder del Estado. No alcanza con invocar urgencias, mayorías circunstanciales ni sesiones exprés para avanzar sobre decisiones que afectan el corazón mismo del sistema republicano: la independencia judicial.
En ese sentido, la resolución judicial desarma el intento de naturalizar prácticas que, bajo el ropaje de la legalidad formal, escondían un preocupante avance político sobre el Poder Judicial. El fallo no cuestiona nombres propios; cuestiona métodos. Y al hacerlo, deja expuesto que el problema nunca fue la Justicia, sino la forma en que se intentó forzarla.
El Tribunal fue claro al señalar que la división de poderes no es una consigna declamativa, sino un límite concreto. La Legislatura no puede actuar como una escribanía del Ejecutivo, ni el apuro político puede justificar la alteración de procedimientos que están pensados, precisamente, para evitar abusos. Cuando se trata de jueces, la vara es más alta, porque lo que está en juego no es una decisión de gestión, sino la garantía de imparcialidad para toda la sociedad.
El fallo también pone en evidencia una práctica cada vez más recurrente: convertir errores políticos en supuestas urgencias institucionales. Primero se incumplen plazos, luego se demora el debate y finalmente se intenta resolver todo de manera acelerada, como si el problema fuera el calendario y no la falta de planificación. La Justicia, en este caso, recordó algo básico: la urgencia no se improvisa y mucho menos se decreta.
En definitiva, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no solo ordena un procedimiento. Ordena un debate. Marca un límite y deja un mensaje que va más allá del expediente: el respeto por las instituciones no es opcional, y la independencia judicial no se negocia. Blanco sobre negro. Lo que algunos intentaron presentar como una discusión política, la Justicia lo devolvió a su lugar correcto: el de la Constitución y las reglas de la democracia.
