JULIO GUTIÉRREZ, MANO DERECHA DE VIDAL, PROCESADO POR ESTAFA JUDICIAL
La resolución del Juzgado Federal de San Martín deja poco margen para la ambigüedad. Lo que la Justicia describe en la causa FSM 23642/2024 es una maniobra planificada para intentar cobrar una deuda inexistente mediante un certificado sindical ideológicamente falso y un embargo inmediato que superó los $533 millones, aprovechando las limitaciones propias del juicio ejecutivo . No se trata de un diferendo administrativo ni de una discusión técnica: el fallo habla de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documento público falso, con procesamientos firmes.
En el centro de esa trama aparece Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la UPSAP, firmante del certificado cuestionado y uno de los procesados. Pero Gutiérrez no es un nombre aislado del tablero santacruceño. Es, además, un hombre del círculo político de Claudio Vidal, una relación conocida en la provincia y que excede largamente lo gremial. La causa judicial, sin decirlo expresamente, expone un cruce que en Santa Cruz se repite: sindicalismo, negocios y poder político funcionando en el mismo ecosistema.
El contexto en el que ocurre la maniobra no es menor. En los últimos años, la Policía dejó de realizar adicionales en empresas vinculadas al petróleo, y ese vacío fue ocupado por nuevas firmas de seguridad privada que comenzaron a operar con fuerza en yacimientos y servicios estratégicos. Ese reordenamiento abrió un negocio millonario y coincidió con el fortalecimiento de actores sindicales y empresariales ligados al mismo espacio político que conduce Vidal. La causa no investiga ese proceso en sí, pero lo rodea: un dirigente con peso territorial y político utilizando el aparato sindical y el sistema judicial para presionar económicamente a una empresa.
A ese cuadro se suma un antecedente que vuelve a cobrar relevancia. El domicilio que fue allanado en otra investigación era el de Julio Gutiérrez y el de Rasgido, su pareja y actual presidenta del Consejo Provincial de Educación. El procedimiento se produjo luego de que dos personas armadas se ocultaran en esa vivienda, un episodio que en su momento generó fuerte impacto público. No se trata de mezclar expedientes ni de adelantar responsabilidades penales, pero sí de contextualizar un perfil de poder que aparece reiteradamente asociado a situaciones límite.
La propia resolución judicial es clara al marcar el límite: no se cuestiona el derecho constitucional de agremiación ni la autonomía sindical. Lo que se investiga y se procesa es el uso fraudulento de documentos públicos para inducir en error a un juez y provocar un daño patrimonial. El certificado de deuda incluía CUILes inexistentes, trabajadores que nunca pertenecieron a la empresa, personas dadas de alta en años posteriores al período reclamado y aportes que estaban pagos, según informes oficiales y bancarios. La Cámara Federal fue terminante al confirmar que la deuda carecía de exigibilidad y que el título no tenía sustento verificable.
Frente a ese escenario, el silencio político pesa. Cuando un dirigente señalado como mano derecha del gobernador queda procesado por una estafa judicial de esta magnitud, la pregunta deja de ser exclusivamente jurídica. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del círculo de poder que lo sostuvo? ¿Quién controla a quienes dicen representar a los trabajadores mientras operan en la frontera entre lo gremial, lo empresarial y lo político?
La causa avanza en Tribunales. El impacto político, tarde o temprano, también llega.
