EL GOBIERNO NO PAGÓ LA LICENCIA Y HOY NO SE PUEDEN PERITAR CELULARES EN CAUSAS PENALES
En política todo es una cuestión de prioridades. Pero cuando esas prioridades impactan directamente en la capacidad del Estado para investigar delitos, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser institucional.
Mientras el Gobierno provincial exhibe canchas nuevas por mas de 300 millones, inaugura espacios con foto y plotea camionetas con identidad oficial gastando millones, la Policía de Santa Cruz dejó de extraer evidencia de teléfonos celulares por la no renovación de una licencia tecnológica básica para pericias digitales. No es una versión ni un rumor: consta en actuaciones oficiales. La herramienta que permite realizar extracciones forenses certificadas dejó de estar operativa.
En 2026, un celular es el núcleo de casi toda investigación penal relevante. Narcotráfico, abuso, estafas, extorsiones, corrupción, violencia. Sin esa tecnología activa, la prueba se demora, se debilita o queda expuesta a nulidades. El propio informe habla de discontinuidad en las tareas y sobrecarga laboral en el cuerpo técnico. Es decir, el impacto ya es operativo.
El problema no aparece en un vacío. Se da en medio de un conflicto creciente dentro de la Policía de Santa Cruz, con malestar salarial, reclamos internos y advertencias que colocan a la fuerza al borde del acuartelamiento. En ese contexto, la falta de renovación de una herramienta clave para investigar delitos no es un dato aislado: es parte de un cuadro más amplio de tensión, desgaste y desorganización.
La seguridad no se sostiene con discursos ni con branding institucional. Se sostiene garantizando que las herramientas funcionen, que la tecnología esté activa y que lo esencial no quede sujeto a demoras administrativas. No estamos hablando de una obra millonaria ni de una inversión extraordinaria. Estamos hablando de una licencia que permite reunir pruebas en causas penales.
El contraste es incómodo. Hay recursos para la puesta en escena, para la estética del poder, para lo que se ve. Pero cuando se trata de sostener el funcionamiento silencioso del sistema —el que no sale en la foto pero define la eficacia del Estado— aparecen licencias vencidas y áreas críticas sin cobertura.
La cuestión de fondo no es presupuestaria. Es política. Si se puede invertir en infraestructura visible y renovación de flota, también se puede garantizar que la Policía tenga operativa la tecnología necesaria para investigar delitos. Cuando eso no ocurre, el mensaje que se transmite es que la seguridad quedó subordinada a otras prioridades.
En materia institucional, los símbolos pueden sumar imagen. Pero la ausencia de herramientas debilita el sistema. Y cuando una provincia enfrenta tensión policial, reclamos salariales y fallas en la capacidad de peritar evidencia digital, ya no se trata de narrativa. Se trata de gestión.
