¿POR QUÉ UNA DIPUTADA USA UNA CAMIONETA DEL IDUV? EL ACCIDENTE QUE ABRIÓ UNA PREGUNTA INCÓMODA
A veces los accidentes dejan más que daños materiales. También dejan preguntas. Y algunas de esas preguntas resultan bastante incómodas.
Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas tras el accidente protagonizado por la diputada por Pueblo de Puerto Santa Cruz, Fabiola Loreiro, quien se trasladaba en una camioneta que, según los registros oficiales, pertenece al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
Afortunadamente, el episodio no dejó heridos. Ni la diputada ni las personas que viajaban con ella, incluida una persona menor de edad, nadie sufriero consecuencias graves. Pero el accidente terminó revelando un dato que rápidamente empezó a circular en el ambiente político provincial: la camioneta en la que se movilizaba no sería de uso personal ni del Poder Legislativo, sino de un organismo del Ejecutivo.
Ante las primeras preguntas, la propia legisladora decidió responder desde sus redes sociales. Y lo hizo con un mensaje que buscó cortar de raíz cualquier cuestionamiento.
“Para los malintencionados que no tienen otra cosa que hacer que boquear: el seguro lo pago yo y nadie más que yo; como así también cada litro de combustible, cada cambio de cubierta o cambio de aceite”, escribió.
El problema es que la explicación, lejos de cerrar la discusión, abre otra aún más delicada.
Porque el debate no pasa por quién paga el combustible, el seguro o el mantenimiento. La pregunta es otra, bastante más simple y bastante más institucional: ¿por qué una diputada provincial utiliza desde hace tiempo una camioneta que pertenece al IDUV?
Y, sobre todo, quién autorizó que eso ocurra.
El vehículo figura registrado a nombre del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, un organismo del Poder Ejecutivo que administra recursos públicos y patrimonio del Estado. En ese contexto, su utilización por parte de una legisladora abre un interrogante que ya no es solo político, sino también administrativo.
Porque si la camioneta pertenece al organismo, alguien dentro del IDUV debió haber autorizado su uso.
Y eso coloca inevitablemente al presidente del instituto en el centro de la escena.
Hay otro detalle que vuelve todavía más incómoda la situación. Según los registros de deuda automotor, el vehículo acumula más de cuatro millones de pesos en patentes impagas.
Un dato llamativo si se tiene en cuenta que se trata de un vehículo estatal y que, según explicó la propia diputada, todos los gastos correrían por su cuenta.
La escena termina generando una imagen difícil de explicar: una camioneta oficial utilizada por una diputada, con una deuda millonaria de patentes, y una explicación que intenta resolver el problema hablando del seguro y del combustible.
Todo esto ocurre, además, en una provincia donde el propio gobierno provincial habló reiteradamente de ordenar el uso de los bienes del Estado. Durante la campaña y los primeros meses de gestión se prometió controlar el parque automotor, avanzar con un esquema de “parque cerrado” e incluso vender vehículos oficiales que no fueran necesarios para la administración.
El episodio ocurrido en las últimas horas parece ir en la dirección opuesta.
El accidente no dejó heridos. Pero sí dejó algo que en política suele ser más difícil de reparar: una pregunta que todavía nadie respondió.
Si la camioneta pertenece al IDUV, ¿por qué la utiliza una diputada provincial?
Y si la utiliza, ¿quién dentro del organismo autorizó que eso ocurra?
Son preguntas que ya no alcanzan con responder desde Facebook.
Porque cuando se trata del uso de bienes del Estado, las explicaciones deberían ser bastante más claras.
