LA OFERTA MÁS CARA GANÓ Y AHORA INVESTIGAN LA LICITACIÓN DE DISTRIGAS
Una licitación millonaria vinculada al transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para abastecer distintas localidades de Santa Cruz quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas provincial tras la presentación de una denuncia que cuestiona el proceso de adjudicación y advierte sobre un posible sobrecosto superior a los 500 millones de pesos.
El expediente se abrió luego de que una de las empresas participantes del proceso licitatorio impugnara el resultado del concurso público convocado por Distrigas S.A., la compañía encargada de la distribución del servicio en gran parte del territorio provincial. Según la presentación realizada ante el organismo de control, la empresa estatal habría avanzado con la preadjudicación del contrato a una firma cuya propuesta económica resulta sensiblemente más elevada que otras ofertas presentadas durante el mismo proceso.
La diferencia no sería menor. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el monto adjudicado superaría en más de 500 millones de pesos a la oferta más baja presentada durante la licitación. El proceso tenía como objetivo contratar el servicio de transporte de GLP, un componente clave para el abastecimiento energético de numerosas localidades de la provincia.
En el concurso participaron al menos tres empresas del sector. Roligas S.A. presentó una propuesta cercana a los 6.225 millones de pesos, mientras que Transporte J.C. Morrison cotizó el servicio por aproximadamente 6.239 millones. La empresa P. Tortoriello y Cía S.A., en cambio, presentó una oferta superior a los 6.790 millones de pesos. A pesar de que esta última propuesta resulta significativamente más elevada que las restantes, fue señalada como la oferta seleccionada dentro del procedimiento.
Ese dato fue el que motivó la presentación ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, que decidió abrir un expediente de revisión para analizar el procedimiento licitatorio. Entre las primeras medidas adoptadas, el organismo solicitó a la presidencia de Distrigas el envío de toda la documentación vinculada al proceso, incluidos los pliegos de la licitación, las actas de apertura de sobres y el dictamen de la comisión evaluadora que recomendó la adjudicación.
La revisión apunta a determinar si existieron fundamentos técnicos suficientes para descartar la oferta más económica y avanzar con una propuesta que implica un costo considerablemente mayor para el Estado provincial. Si el Tribunal concluye que la diferencia de precio no está debidamente justificada, podría emitir una observación legal sobre el contrato, una medida administrativa que suele implicar la suspensión de pagos hasta que la situación sea aclarada.
La denuncia presentada ante el organismo de control también plantea cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la empresa señalada como adjudicataria. Según la presentación, la firma no contaría con base operativa ni infraestructura propia dentro de la provincia de Santa Cruz para prestar el servicio, lo que podría entrar en conflicto con disposiciones administrativas que priorizan la contratación de proveedores con presencia local.
El análisis de este caso se produce además en un momento particular para el propio Tribunal de Cuentas. Meses atrás, la Legislatura provincial aprobó la ampliación del organismo de control, incrementando la cantidad de vocales que lo integran. Entre las nuevas incorporaciones figura la ex ministra de Economía de Santa Cruz, una decisión que generó debate político dentro de la provincia y que amplió la estructura del organismo encargado de auditar el uso de los recursos públicos.
Distrigas funciona como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, lo que implica que sus directores pueden ser objeto de responsabilidades administrativas si se determina un manejo irregular de fondos públicos. Por ese motivo, el análisis técnico que realicen los auditores del Tribunal de Cuentas será determinante para el futuro del proceso licitatorio.
Por ahora el expediente se encuentra en etapa de análisis documental. Sin embargo, el punto central de la investigación ya está planteado: determinar si el proceso de licitación respondió a criterios técnicos o si el Estado provincial terminó comprometiendo recursos públicos por un monto significativamente superior al que ofrecían otras empresas del mismo sector. La respuesta, cuando llegue, no solo tendrá impacto administrativo. También podría tener consecuencias políticas.
