REFORMA LABORAL, REVÉS JUDICIAL
La Justicia suspendió parte de la reforma laboral y se profundiza la disputa con la CGT
Un fallo de primera instancia hizo lugar a un planteo sindical y dejó sin efecto 64 artículos de la ley. El Gobierno defendió la norma y confirmó que irá a la Justicia para revertir la decisión.
Un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral se abrió tras el fallo de la Justicia que suspendió la aplicación de artículos centrales de la ley recientemente aprobada por el Congreso.
La resolución fue celebrada por la Confederación General del Trabajo, que había presentado la medida cautelar, mientras que el Gobierno nacional confirmó que apelará para intentar revertir la decisión.
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a la presentación sindical y dispuso la suspensión de 64 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral.
Según el planteo, los puntos cuestionados podrían afectar derechos fundamentales como:
- La protección del trabajo
- La negociación colectiva
- El derecho de huelga
- La libertad sindical
Desde la CGT consideraron que el fallo representa un respaldo a su rol como representante de los trabajadores y una defensa de las garantías laborales.
La central obrera sostuvo que la reforma implica una reducción de derechos y un debilitamiento del sistema sindical, además de entrar en tensión con compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia laboral. En ese sentido, adelantaron que continuarán impulsando acciones judiciales y políticas contra la norma.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, confirmó que apelará la medida con el respaldo de la Procuración del Tesoro.
Desde el Ejecutivo defendieron la ley al señalar que es una herramienta clave para:
- Fomentar el empleo formal
- Mejorar la competitividad
- Brindar mayor seguridad jurídica
Además, cuestionaron a los sectores que impulsaron la demanda, al considerar que responden a intereses que buscan frenar reformas estructurales.
El fallo abre un escenario de incertidumbre judicial y política en torno a la reforma laboral, que ahora deberá definirse en instancias superiores, en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical.
