EXFUNCIONARIOS, EMPRESAS Y TELEMEDICINA: LAS PIEZAS DE UN NEGOCIO MILLONARIO
La licitación de telemedicina en Santa Cruz, valuada en más de $5.500 millones, empieza a mostrar algo más que una simple competencia entre empresas: revela una arquitectura empresarial que combina tecnología, logística y nombres con pasado reciente en la gestión pública.
Entre las propuestas analizadas aparece una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Portal Salud S.A., Go Baires S.R.L. y Vitalmed S.A.. Cada una cumple, en los papeles, un rol distinto. Pero la combinación abre interrogantes.
Portal Salud —conocida comercialmente como DOC24— no es una red médica tradicional. Es una plataforma tecnológica que conecta pacientes con profesionales de manera virtual, operando bajo la firma Adhoc S.A. Su fortaleza está en el software, la interfaz y la gestión digital de consultas. No tiene, en principio, estructura propia de prestadores físicos distribuidos en territorio.
Ahí aparece el segundo componente: Vitalmed. La empresa, que integra la oferta, es la que debería aportar la base médica y operativa para sostener el sistema en la provincia. Y en su directorio figura Ariel Omar Varela, quien hasta hace poco tiempo conducía el sistema sanitario provincial.
El tercer actor es Go Baires, que completa la UTE. Pero más allá de los nombres, el esquema deja una pregunta central: ¿quién garantiza efectivamente la prestación del servicio en Santa Cruz?
El pliego exige capacidad real para cubrir demanda médica, atención en salud mental y presencia operativa. Sin embargo, Portal Salud aporta tecnología, no médicos; Vitalmed aparece como el brazo sanitario, pero no hay información pública que confirme si cuenta con una estructura cercana a los 100 médicos y 30 profesionales de salud mental que un sistema de estas características demandaría; y Go Baires completa la sociedad sin que aún esté claro cuál es su rol específico en la operación.
La ecuación, entonces, no termina de cerrar.
A esto se suma el componente normativo. La Ley Provincial de Ética Pública N° 3034 establece en su artículo 18 que las incompatibilidades alcanzan a los funcionarios incluso durante el año posterior a dejar el cargo. En ese contexto, la participación de Varela en una empresa que compite en una licitación de su propia área abre un interrogante concreto sobre el cumplimiento de ese plazo.
Pero el punto no es solo legal.
También es operativo y político. Durante su gestión como ministro, el sistema de salud provincial acumuló déficits estructurales: falta de profesionales, dificultades de acceso y problemas de cobertura. Hoy, desde el sector privado, el mismo exfuncionario aparece vinculado a una propuesta que promete resolver, mediante telemedicina, parte de esas falencias.
El contraste es inevitable.
¿Se trata de una evolución lógica hacia soluciones tecnológicas?
¿O de un traslado de oportunidades desde el Estado hacia el sector privado?
Mientras tanto, hay otro dato que suma ruido: en una presentación reciente vinculada al proceso, la propuesta que se expuso fue la de Vitalmed. Es decir, una de las empresas oferentes no solo compite, sino que además gana visibilidad institucional dentro del proceso.
En una licitación de esta magnitud, donde se definen recursos, servicios y acceso a la salud para toda una provincia, los detalles importan.
Y en este caso, los detalles abren más preguntas que certezas.
