VARELA, LAS EMPRESAS Y LOS MILLONES: LAS PREGUNTAS DETRÁS DEL PROYECTO

El debate por la telemedicina en Santa Cruz empezó a instalarse como una discusión técnica, asociada a la incorporación de tecnología al sistema de salud. Pero cuando se empieza a mirar más de cerca, la pregunta cambia: ya no es si la telemedicina sirve o no, sino si es lo que hoy necesita la provincia y por qué aparece como prioridad en este contexto.

Para entenderlo fácil, primero hay que bajar a tierra qué es la telemedicina. No reemplaza al médico, no reemplaza estudios ni tratamientos. Es una herramienta complementaria: sirve para seguimiento de pacientes, consultas simples o evitar traslados innecesarios. En sistemas más desarrollados, sobre todo privados, funciona para ordenar la demanda. Pero siempre hay algo detrás que sostiene eso: médicos disponibles, turnos, equipamiento, derivaciones. Sin esa estructura, la consulta remota pierde sentido.

Y ahí aparece el primer punto en Santa Cruz. Hoy el problema no parece ser la falta de una videollamada con un médico, sino cuestiones mucho más básicas: falta de insumos, equipamiento deteriorado, demoras en reparaciones y salarios que no alcanzan. En ese escenario, una inversión millonaria en telemedicina abre una pregunta lógica: ¿se está resolviendo el problema correcto o se está agregando una capa nueva sobre un sistema que ya tiene fallas estructurales?

El argumento de llegar a zonas alejadas también necesita contexto. Santa Cruz tiene baja densidad poblacional, sí, pero eso no implica automáticamente que la solución sea remota. Muchas veces, el problema no es la distancia sino la organización del sistema. Si el paciente igualmente va a necesitar atención presencial, la discusión es si conviene invertir primero en fortalecer ese último eslabón.

En paralelo, empieza a aparecer otro elemento clave: quiénes están detrás del proyecto. Según pudo reconstruir WOU, en la estructura que se analiza aparecen empresas como Portal Salud S.A. (vinculada a DOC24), una plataforma tecnológica de telemedicina con base en Rosario, y Go Baires S.R.L., que conformaron una UTE junto a Vitalmed, firma que ya habría sido parte de presentaciones en el esquema que se evalúa para la provincia. En este entramado también aparece el nombre de Ariel Varela, médico y ex ministro de Salud de Santa Cruz, hoy nuevamente vinculado a iniciativas relacionadas con este tipo de servicios.

Ese dato no es menor. Distintas versiones indican que Varela ya contaba desde hace al menos dos años con equipamiento de telemedicina en su ámbito privado, sin un uso extendido. Esto no prueba por sí solo ninguna irregularidad, pero sí alimenta una sospecha que empieza a instalarse: si la necesidad sanitaria está empujando el proyecto o si el proyecto ya existía y ahora se busca encajar en la estructura del Estado.

A la vez, su paso por el Ministerio de Salud vuelve inevitable otra lectura. Como ex titular de la cartera, Varela formó parte de la conducción del sistema sanitario provincial, y por acción u omisión, su gestión también queda dentro del análisis cuando se habla del estado actual del sistema. En ese contexto, su aparición en un esquema que propone soluciones tecnológicas abre interrogantes adicionales: si se trata de una evolución natural de la atención médica o si hay responsabilidades previas que todavía no fueron saldadas.

A esto se suma la falta de información clara sobre el diagnóstico previo. Toda política pública debería partir de un dato básico: cuánta población necesita ese servicio, en qué condiciones y con qué objetivo concreto. En este caso, se habla de una inversión cercana a los 5.500 millones de pesos. La pregunta es directa: ¿existen estudios poblacionales y sanitarios que justifiquen ese gasto? Y si existen, ¿por qué no se hicieron públicos?

El escenario se vuelve todavía más delicado cuando aparece otro dato: en 2015 ya se habrían instalado equipos de telemedicina en hospitales públicos de Santa Cruz. Si eso es así, el problema ya no sería la ausencia de tecnología, sino qué pasó con esa infraestructura. ¿Está operativa? ¿Quedó abandonada? ¿Por qué no se reactiva antes de avanzar con un esquema nuevo y, además, privado?

En el fondo, lo que se está discutiendo no es solo una herramienta, sino el orden de prioridades. En un sistema de salud con dificultades estructurales, cada inversión debería apuntar primero a resolver lo urgente. Cuando eso no ocurre, la incorporación de tecnología puede quedar más cerca del anuncio que de la solución.

Por eso, antes de avanzar, hay una serie de preguntas que siguen abiertas: cuál es el problema concreto que se busca resolver, quiénes son los beneficiarios del esquema, qué rol cumplen las empresas involucradas y por qué se elige este camino en lugar de fortalecer lo que ya existe. Sin esas respuestas, la telemedicina deja de ser una discusión sanitaria para convertirse en una discusión política.