RECORTE AL TRANSPORTE EN DISCAPACIDAD
El Gobierno dejará de compensar a empresas de micros por pasajes gratuitos para personas con discapacidad
La medida alcanza también a personas trasplantadas y pacientes oncológicos. Aunque el beneficio seguirá vigente por ley, las compañías deberán absorber el costo sin subsidios estatales. Crece la preocupación en un sector que ya denuncia recortes y falta de asistencia.
El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, y suma un nuevo capítulo al conflicto que atraviesa el sector de discapacidad, que desde hace meses denuncia recortes, atrasos y falta de cumplimiento de leyes vigentes.
Qué cambia con la medida
Hasta ahora, el Estado cubría parte de los costos que implicaba para las empresas otorgar boletos sin cargo en servicios de transporte interjurisdiccional, tal como establecen las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674.
Con la nueva resolución, ese esquema de subsidios queda eliminado.
Desde el Ejecutivo argumentaron que, tras la implementación del Decreto 883/2024, las empresas cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y modalidades de servicio, por lo que —según sostienen— pueden absorber esos costos dentro de su estructura económica.
En los fundamentos de la norma se señala que el sistema de libertad tarifaria produjo una “reconfiguración” del sector y que las razones que justificaban las compensaciones estatales “han sido superadas”.
El beneficio sigue, pero sin respaldo económico
La resolución aclara que el derecho al pasaje gratuito continuará vigente y seguirá siendo obligatorio para las empresas de transporte de larga distancia.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar que las compañías continúen entregando los boletos sin cargo conforme a la legislación nacional.
Sin embargo, la decisión genera incertidumbre en torno al cumplimiento efectivo del beneficio y al posible impacto sobre la disponibilidad de pasajes para los sectores alcanzados.
Un conflicto que sigue creciendo
La medida llega en medio de un fuerte malestar de organizaciones vinculadas a la discapacidad, que vienen reclamando por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente, pero todavía sin implementación efectiva.
Prestadores, familias y asociaciones civiles vienen alertando sobre un escenario de desfinanciamiento, demoras en pagos y reducción de coberturas, en un contexto económico que golpea especialmente a quienes dependen de tratamientos, traslados y asistencia permanente.
Mientras el Gobierno sostiene que los derechos continuarán garantizados, en el sector crece la preocupación por el impacto real de las medidas sobre una población que ya enfrenta múltiples barreras cotidianas.
La discusión ya no pasa solo por los subsidios, sino por cómo sostener derechos básicos en un contexto de ajuste que vuelve a poner a los sectores más vulnerables en el centro del impacto.
