600 MILLONES PARA EL EMPERADOR
NO ES LA DEUDA. ES QUIÉN LA PIDE
La discusión ya no pasa por el monto de la deuda. En la Legislatura y fuera de ella crecen las dudas sobre el manejo de los recursos extraordinarios que ya tuvo la provincia y sobre la capacidad del Gobierno para administrar otros 600 millones de dólares.
Hay algo que el Gobierno provincial parece no terminar de comprender en esta discusión por los 600 millones de dólares. La resistencia que encuentra el proyecto no pasa exclusivamente por el monto ni por la herramienta financiera elegida. Pasa, fundamentalmente, por la confianza.
Porque pedirle a Santa Cruz que asuma una deuda que condicionará a varias generaciones exige, como mínimo, demostrar que los recursos extraordinarios que ya estuvieron disponibles fueron administrados de manera eficiente, transparente y con resultados concretos. Y es precisamente ahí donde aparecen las mayores dudas.
Resulta difícil convencer a los santacruceños de acompañar un endeudamiento histórico cuando todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió con las tres masas salariales que recibió la actual gestión al asumir, con los fondos provenientes del acuerdo con YPF o con los miles de millones de pesos que continúan acumulados en distintos fondos mientras la provincia enfrenta problemas urgentes en prácticamente todas las áreas.
La sensación que comienza a extenderse incluso entre sectores que no integran la oposición más dura es que el problema no parece ser la falta de recursos. La pregunta que muchos se hacen es otra: si hubo dinero, ¿por qué la situación sigue siendo tan compleja?
Porque mientras el Gobierno impulsa un endeudamiento de magnitud inédita, los salarios continúan perdiendo frente a la inflación, los servicios públicos aumentan de manera constante, la actividad económica no termina de reaccionar y la recaudación provincial muestra señales preocupantes. Santa Cruz sigue enfrentando dificultades estructurales y la promesa de la recuperación parece postergarse una y otra vez.
A ese escenario se suma un dato que no pasó inadvertido en la Legislatura. Varias de las obras que hoy aparecen dentro del paquete de financiamiento ya habían sido anunciadas anteriormente con otras fuentes de recursos. Son proyectos que en distintos momentos fueron presentados como posibles y que ahora vuelven a escena formando parte de una nueva solicitud de deuda. Naturalmente, cuando las mismas obras reaparecen bajo distintos esquemas de financiamiento, las preguntas empiezan a multiplicarse.
Sin embargo, el aspecto más interesante de toda esta discusión probablemente no sea económico sino político.
Hace algunos dias, el propio Claudio Vidal afirmó en una entrevista que había construido un imperio. La frase pasó relativamente desapercibida en aquel momento, pero hoy adquiere una dimensión distinta.
Porque gobernar una provincia es muy diferente a conducir una empresa.
Un imperio tiene súbditos.
Una provincia tiene ciudadanos.
Un imperio da órdenes.
Una democracia construye consensos.
Un imperio puede exigir obediencia.
Una democracia exige explicaciones.
Por eso llama la atención el clima que se generó alrededor de este proyecto. Según relatan distintos actores políticos, en lugar de abrir una discusión destinada a despejar dudas y construir acuerdos, comenzaron a aparecer presiones, cuestionamientos y descalificaciones hacia quienes expresaban reparos sobre la iniciativa.
Como si cuestionar una deuda de 600 millones de dólares fuera un acto de rebeldía.
Como si pedir explicaciones fuera una falta de respeto.
Como si los legisladores estuvieran obligados a acompañar cualquier propuesta que llegue desde el Poder Ejecutivo.
Pero justamente de eso se trata la democracia. Los diputados no están para obedecer automáticamente. Están para analizar, debatir, controlar y decidir. Esa es la función que les asignó la gente y también la responsabilidad que les impone el sistema republicano.
Por eso, si el Gobierno no consigue reunir los votos necesarios, tal vez la explicación no esté solamente en quienes se resisten a acompañar el proyecto. Tal vez también haya que mirar la incapacidad oficial para generar la confianza indispensable que requiere una decisión de semejante magnitud.
Porque nadie discute que Santa Cruz necesita obras. Nadie discute que la provincia necesita inversión. Nadie discute que existen problemas que requieren soluciones urgentes.
Lo que muchos discuten es otra cosa.
Discuten por qué una gestión que contó con recursos extraordinarios, que recibió fondos excepcionales, que incrementó tarifas y que todavía administra importantes sumas de dinero sin ejecutar plenamente, ahora pretende comprometer a los próximos gobiernos con una deuda que terminarán pagando los santacruceños durante muchos años.
En definitiva, la discusión nunca fue solamente financiera.
La verdadera discusión es si existe suficiente confianza para entregar una herramienta de semejante magnitud a una administración que todavía no logra responder de manera convincente varias preguntas sobre su propio manejo de los recursos.
Y mientras esas respuestas sigan faltando, los 600 millones de dólares seguirán pareciendo menos importantes que una pregunta mucho más simple y mucho más incómoda:
¿por qué los santacruceños deberían confiar?
La discusión ya no pasa por el monto de la deuda. En la Legislatura y fuera de ella crecen las dudas sobre el manejo de los recursos extraordinarios que ya tuvo la provincia y sobre la capacidad del Gobierno para administrar otros 600 millones de dólares.
