¿OBRAS O DEUDA ETERNA?
NO ES UNA DEUDA DE 600 MILLONES. ES MUCHO MÁS.
La Fundación Sur Santa Cruz elaboró un informe técnico del proyecto de endeudamiento y señala entre otras cosas que el Gobierno no aclara cómo se devolverá la deuda, deja abierta la posibilidad de nuevos préstamos en el futuro y compromete recursos estratégicos de Santa Cruz. La discusión ya no es si hacen falta obras. La pregunta es quién va a pagar la fiesta.
Cuando el Gobierno de Claudio Vidal salió a defender el endeudamiento por 600 millones de dólares intentó instalar una idea sencilla: la provincia necesita obras y para hacerlas hay que conseguir financiamiento.
El problema es que, según un informe técnico elaborado por la Fundación Sur Santa Cruz, la discusión ya no pasa por las obras. Pasa por algo bastante más delicado: qué se está autorizando realmente y quién terminará pagando la cuenta.
Porque mientras los funcionarios hablan de rutas, acueductos, escuelas y desarrollo productivo, el informe advierte que el listado de obras presentado por el Ejecutivo ni siquiera forma parte de la ley. En otras palabras, las obras que hoy se muestran en conferencias y diapositivas no serían jurídicamente obligatorias. Lo que quedaría aprobado es una autorización amplia para endeudarse, con destinos que siguen siendo abiertos y modificables.
Pero hay algo todavía más preocupante.
Según la propia documentación oficial citada en el informe, los 600 millones de dólares no alcanzarían para completar el programa de infraestructura que el Gobierno exhibe como justificación. Serían apenas la primera etapa de un plan valuado en más de 3.500 millones de dólares.
Traducido al castellano: no estaríamos discutiendo una deuda de 600 millones. Estaríamos discutiendo la puerta de entrada a un proceso de endeudamiento mucho más grande.
Y ahí aparece la pregunta que nadie logra responder con claridad.
¿Cómo se paga?
El informe sostiene que el Ejecutivo no presentó un cronograma verificable de amortización, no detalló con precisión los recursos afectados al repago y tampoco explicó de manera concluyente cómo impactarán los vencimientos futuros sobre las finanzas provinciales.
La situación se vuelve todavía más sensible si se observa el contexto actual. Santa Cruz atraviesa déficits millonarios, caída de regalías, problemas estructurales en la seguridad social y una situación financiera que dista mucho de ser holgada. Sin embargo, en lugar de discutir primero cómo ordenar las cuentas, el Gobierno pretende comprometer recursos futuros por décadas.
Nadie discute la necesidad de hacer obras. Lo que está en discusión es otra cosa.
Si una familia tiene problemas para llegar a fin de mes, antes de sacar una hipoteca analiza cómo la va a pagar. En Santa Cruz parece ocurrir al revés: primero se pide el crédito y después se verá.
El tiempo dirá si esta apuesta termina transformando la provincia o si se convierte en una pesada herencia para las próximas generaciones.
Lo único seguro es que cuando los funcionarios actuales ya no estén ocupando sus cargos, la deuda seguirá ahí.
Y alguien tendrá que pagarla.
