Los datos se desprenden del informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) en relación al cuatrimestre que va de julio a octubre. En la población infantil se dan los índices más elevados de pobreza por ingresos (llega al 64,1% en los menores de 18 años) y de déficit en diferentes dimensiones que hacen a la calidad de vida.
Según el informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 44,2% de los argentinos eran pobres al cerrar el tercer trimestre, superando el 40,8% que registró entre julio y octubre del año pasado. Además, el 34,9% de los hogares se encuentran debajo de la línea de pobreza, casi dos puntos porcentuales arriba del mismo período de 2019.
Un 64,1% de los menores de 18 años vive en hogares donde el dinero que ingresa no le alcanza a la familia para procurarse un conjunto básico de servicios y bienes materiales; es decir, son personas pobres por ingresos. Y si se considera a los niños y adolescentes que, además de estar en esa condición, sufren algún déficit de acceso a derechos sociales considerados primarios (como habitar una vivienda de cierta calidad, contar con servicios como el de agua corriente, vivir en un hábitat saludable o asistir al sistema educativo), los afectados son el 60,4% del total. Un año atrás, esos indicadores, de pobreza por ingresos en el primer caso y de pobreza multidimensional en el segundo, eran de 59,5% y 54,6%, respectivamente, siempre considerando a la población de 0 a 17 años de edad.
Las cifras de desempleo, en tanto, subieron en el tercer trimestre de 10,6% a 14,2%, pasando de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones. Esta se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo.
El informe destacó que estos números fueron el resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. “Bajo el escenario de crisis del Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia”, señaló.
“El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”, agregó.
Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), el 7,3% de los hogares y el 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.
Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente. Observó que las ayudas sociales brindaron “un piso mínimo de ingresos” pero fueron “insuficientes” y alertó que “no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos”.
Otro aspecto que destacó el trabajo es el “fuerte incremento de la pobreza estructural”, por el incremento en las carencias experimentadas en los hogares. Hubo un incremento de la pobreza multidimensional estructural de 21,4% a 27,3% a nivel de la población.
“Si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, con mayores déficit y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna”, precisó la UCA.
El informe de la UCA destaca que “las políticas sociales estuvieron presentes en el contexto de crisis Covid-19, no sólo a través de las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes, sino también a través de mecanismos compensatorios implementados en el marco de la pandemia, como ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar, así como mediante los refuerzos extra realizados en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.
Así, precisó que el 47,4% de hogares, lo que equivale alrededor de 55,5% de personas, recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020, porcentajes que reflejan un crecimiento significativo entre 2019 y 2020.
Más allá de esa necesidad de dar soluciones sostenibles que permitan sacar de la pobreza a las personas por la vía del trabajo, el informe de la UCA señala que en el último año cuarentena mediante, creció de 43,8% a 55,5% el índice de la población que recibe asistencia alimentaria o ingresos por algún programa social. En hogares, la participación avanzó de 33,4% a 47,4%. Si no existieran o hubieran existido los programas Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones contributivas y otros planes, la pobreza sería de 53,1% en lugar de 44,2%. Y la tasa de indigencia sería de 27,9% en lugar de 10%.
En cuanto al alcance de la muestra de la UCA, este año hubo 5728 hogares participantes, en los que viven en 17.920 personas, de las cuales 4220 son niños. El relevamiento abarca a los centros urbanos con 80.000 habitantes o más; entre ellos, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán – Tafí Viejo y Gran Mendoza.
Con información de El Economista
