A diez meses de haber sido aprobada por la Legislatura santacruceña, la “Emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales” sigue generando posiciones encontradas. Ahora, además, diputados pedirán que se prorrogue.

 

 

 

Desde su aprobación hasta ahora, la norma es el centro de una polémica que pareciera no encontrar fin. Mediante una carta abierta titulada “Santa Cruz, el reino del revés”, cerca de medio centenar de organizaciones ambientalistas intentaron alertar que la “Ley 3692 es inédita y sienta un antecedente grave a nivel nacional e internacional”.

A la vez, los sectores productivos, han celebrado su sanción, toda vez que – dicen – permitirá definir qué áreas deberán ser protegidas por cuestiones ambientales y ecológicas y cuáles podrán destinarse a la actividad económica”.

 

Qué dice la norma

La Ley 3692 declara dicha emergencia en referencia a los terrenos que pudieran ser destinados a la creación de “áreas naturales protegidas, reservas, reservas naturales, nacionales, estrictas, silvestres y/o educativas, parques, monumentos, y todas aquellas áreas cuyas categorías están definidas en la Ley 3466, el Sistema Provincial de Áreas Protegidas”, y a la “legislación nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”. A la vez, prohíbe la celebración de cualquier acto administrativo con el que se intente crear alguna de las áreas tipificadas, sean “públicas o privadas”, hasta tanto no se disponga de “un inventario actualizado”, que dé cuenta de la “totalidad de los establecimientos agropecuarios, no agropecuarios y todos aquellos inmuebles y áreas públicas y privadas de la zona rural” provincial.

 

Diputados piden prórroga

El 11 de noviembre de este año, los diputados provinciales Carlos Santi y Claudio Barria Peralta, ambos del oficialismo,  presentaron el proyecto de ley cuyo único artículo solicita la prórroga  a partir del 13 de enero de 2021 y por el término de doce  meses, la vigencia de la Ley 3692.

En el desarrollo de las justificaciones, esgrimen que el presente año , “dada la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de tareas fuera de la excepcionalidad, se torna necesario reafirmar su extensión, avizorando un mejor año venidero que permita dar cumplimiento a la exigencia de la Ley y dar así por culminada la emergencia declarada una vez finalizado el relevamiento y elaboración del plan estratégico, motivo por el cual presentamos la presente propuesta y descontamos el acompañamiento de nuestros pares para su sanción”.

En contra 

Organizaciones ambientalistas enviaron una carta a las autoridades provinciales donde exigen la urgente derogación de la ley 3.692. La misma fue dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner, al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. 

En la misma, hacen referencia al “contexto global de crisis climática, ecológica y sanitaria sin precedentes, prohibir la protección de la naturaleza es una ley inaceptable que debemos revertir”

Son más de 40 organizaciones ambientales que firman la misiva. Señalan que la “situación climática, ecológica y sanitaria en Santa Cruz es urgente”.

“Mientras que Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país —menos del 8%— la legislatura provincial designó en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras; Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario; y el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave. Esta situación ambiental es más sensible aún con la gestión de las áreas protegidas de Santa Cruz a cargo del Consejo Agrario Provincial. Irónicamente, el sector privado —al frente de una industria extractivista— está a cargo de cuidar la salud de la vida silvestre y de las tierras públicas de todos los santacruceños. Lejos de ser idóneo para el puesto, su director vela por los intereses de una actividad que ha dejado a la Patagonia simplemente desierta.”

Para los ambientalistas, la Ley 3692 es inédita y sienta un antecedente grave a nivel nacional e internacional. Argentina es pionera en la creación de áreas protegidas que ayudan a proteger los paisajes naturales y la vida silvestre de nuestro país. Sin embargo, sólo el 12% del territorio argentino se encuentra protegido, a pesar de haberse comprometido la Argentina, a través de las metas de Aichi de la Convención de Diversidad Biológica, a proteger al menos el 17% de las zonas terrestres para 2020.

A continuación, las organizaciones que firman la carta emitida a las autoridades. 

XR Patagonia Austral, Adhieren: Río Santa Cruz sin Represas; FARN; Alianza por el Clima; XR Argentina; Fridays for Future; Amartya; Amigos de la Patagonia; Sin Azul No Hay Verde; Multisectorial Humedales; Ecohouse; Un Arbol ONG; VAN – Volver a la Naturaleza; Río Santa Cruz Libre; Ríos To Rivers; No a las Represas en el Río Santa Cruz; Amigos del Mar – Camarones; Proyecto Squatters; XR Mendoza; XR La Plata; XR Bahía Blanca; Guía Ambiental Argentina; Consciente Colectivo; Foro Costero Ambiental Chubut; Acción ambiental; Timón Verde; Kula Earth; La Reveldía; FFF El Calafate; El calafate Consciente; Mundo sin Guerras; Vida Libre ONG; Eco Lobos; Ángeles Verdes; Interhuertas; Bamboo Tienda Natural; Agenda Ambiental Argentina; Vida Libre ONG; Casa de Todos; Guía Animal Argentina; Salvemos los Humedales – Villa Constitución; Mataderos Verde