A Formosa deben ingresar más de 8000 personas por disposición de la Justicia. El gobierno provincial hace responsable a cada persona que ingrese, de la posibilidad de contagios. Todos deberán cumplir aislamiento, aun con PCR negativo.

 

 

 

 

 

El gobierno de Formosa  ahora articula las medidas para permitir el ingreso  a las personas que lo soliciten. La decisión la tuvo que tomar la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que en un plazo máximo de 15 días hábiles se permita el ingreso a su territorio de los ciudadanos de esa provincia que no pudieron regresar a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El Programa de Ingreso Ordenado estipula normas bastante particulares: se requerirán datos vía mail. Si la persona no responde a las 12 horas, se da por anulada la petición. Todos  deberán cumplir medidas de aislamiento, aun siendo PCR negativos. Y si no puede abonar su examen, es “su problema”. Se están readecuando hoteles, escuelas e instituciones que se habían ofrecido hace muchos meses para resguardar a las personas que querían entrar. Además, se piden voluntarios para llevar adelante el programa.

“Esto podría haberse evitado, y es responsabilidad del gobierno provincial” nos indica la Dra. Gabriela Neme, quien lleva adelante la representación de muchos de los varados. “Hoy quieren trasladar la responsabilidad a los 8300 varados, expresando en todos los medios oficialistas que si hay casos de COVID es  responsabilidad de los varados,  ya que son ellos quienes ponen en riesgo la situación sanitaria de la provincia. El único responsable es el gobierno, quien debería hacerse cargo”, agrega visiblemente molesta la letrada que comenzó esta campaña monumental  para defender el derecho de tránsito y salud de cada caso particular en la provincia de Formosa.

Uno de los requisitos de esta medida dispuesta por el Gobierno de Insfran, es que las personas que ingresen  deben tener un PCR negativo. Además se les hará un nuevo test antes de trasladarlos al centro de aislamiento, como doble control. Pero “tenemos personas que  no pueden pagarse el PCR para ingresar, ante esto, el gobierno les respondió que “es su problema”, explicó la Dra. Neme.

La abogada entiende que “no hay riesgo” y que “esta es otra muestra de la insistencia de este gobierno con las  medidas de impedimento para el ingreso”.

Formosa no tiene posibilidad de atender enfermos oncológicos. No hay estructura, no hay hospitales equipados.

“Las personas que salieron antes de la cuarentena a atenderse a otra provincia,  no pudieron volver a entrar. Muchos murieron, otros se quedaron sin dinero. Hubo gente que no tenía para comer. Son cuestiones graves que jamás estuvieron  reflejadas ni atendidas por el gobierno provincial”.

En la búsqueda de voluntarios

Las autoridades describieron como “militantes de la salud y la vida” al programa destinado a convocar a voluntarios  “para defender la salud y la vida de los 640 mil formoseños y formoseñas”. Buscan personas que ayuden en la logística para el ingreso de más de 8000 personas a la provincia.

Muchos de los familiares de varados participan como voluntarios, ayudando a organizar listas y preparando los lugares de aislamiento, para que los ingresos sean ordenados y en muchos casos, posibles.

“El gobierno no ayuda, solo pone palos en la rueda y amenaza. Dice que los que vivan cerca de los centros de aislamiento se relocalicen para evitar ser contagiados. Piensan custodiar con policía cada ingreso” finaliza la Dra. Neme.