La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión “insustancial, carente de trascendencia” y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión. Un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros.
Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de
Macri, es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho.
Lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la “guerra judicial”, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras.
La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia.
Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas.
Enero del año 2021.
