La medida tiene como objetivo que se inhabilite para ejercer cargos municipales a las personas condenadas por delitos de corrupción.

La Ordenanza, aprobada por unanimidad por el concejo deliberante de Puerto Deseado establece la inhabilitación para ejercer cargos municipales de rango de secretarios, directores y jefes a todas las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y/o violencia sexual. A partir de ahora, es requisito indispensable la presentación al Poder Ejecutivo Municipal de un certificado de antecedentes penales para acceder a un cargo.

El proyecto se desprende de la iniciativa nacional “Ficha Limpia” que impide el acceso a candidaturas a los condenados por delitos contra la administración pública vinculados a la corrupción.