La Corte Suprema falló contra la pretensión de las inmobiliarias por las comisiones en los contratos de alquiler.
En medio del debate en el Congreso para sancionar una nueva Ley de Alquileres, la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo judicial que pone límites a las comisiones que pueden cobrar las inmobiliarias de la Ciudad, al rechazar un recurso presentado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios para quese declare inconstitucional la ley que prohibe cobrar esos porcentajes.
El Tribunal desestimó el recurso de queja por incumplimientos formales, porque “no cumplió con los recaudos previstos”. Y de esta manera, zanjó la discusión que había comenzado en 201, cuando se dictaminó que las inmobiliarias no podían cobrar más del 4,5% del contrato de alquiler como honorarios. Ese tope después fue 0% para los inquilinos.
Ante una apelación, en 2018, el Tribunal Superior de Justicia de CABA (TSJ) confirmó la sentencia. Pero dos años más tarde, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) presentó una recurso de queja ante la Corte Suprema que este martes decidió desestimar el pedido.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Corte dejó firme lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia porteño, que había confirmado que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires era la autoridad competente para regular en esa materia.
“Darle competencias a los colegios inmobiliarios para autorizar comisiones por encima del tope legal significaría consentir una grave barrera de ingreso al mercado de alquileres para más de un millón de inquilinas e inquilinos que residen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión judicial derriba un obstáculo significativo para el acceso a la vivienda que enfrentaban quienes precisan resolver su situación habitacional mediante contratos de locación”, remarcó esa asociación en un comunicado.
Y agregó: “En un contexto económico y social que dificulta otros accesos a la vivienda para sectores medios y vulnerables, la ratificación judicial del tope a las comisiones inmobiliarias debe ser un punto de partida con miras a la implementación del conjunto de políticas públicas necesarias para aportar soluciones a la problemática habitacional de quienes resuelven su derecho a la vivienda por medio del alquiler”.
