El Gobierno oficializó la creación del programa “Puente al empleo”, que busca transformar los planes sociales en empleo formal.
La iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
El decreto señala que el objetivo del Programa, es “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad“.
Además, destaca que busca “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Cómo funciona el Programa
Los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo, lo harán por un plazo de 12 meses. Durante ese año el monto del plan social pasará a ser parte del salario y el empleador deberá pagar únicamente la diferencia hasta completarlo.
Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%. Ese beneficio será compensado con recursos del Tesoro Nacional “con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional”.
Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.
En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
Quedan excluidos quienes figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y los que incurran en prácticas indebidas y/o abusivas para acceder a los beneficios.
El Decreto, además invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado.
De esta manera, se espera que con el crecimiento económico previsto para el año entrante y la estabilidad, las personas tengan la posibilidad y se queden en sus trabajos una vez que terminen los 12 meses de subsidio del Estado Nacional.
