Con ese fin la edil UCR, Esc. y Abog, Daniela D’Amico elevó en la jornada de hoy jueves una nota al Intendente Municipal Pablo Grasso manifestándole “la necesidad imperiosa de garantizar la liquidación de la ayuda escolar en la suma de $130.000 por hijo, conforme lo determinado por la Resolución 67/2025 de ANSES, y en atención al espíritu de las Ordenanzas N° 7836 y 8074, que establecen el sistema de cálculo para la movilidad de las asignaciones familiares en nuestra ciudad capital”.
La concejal UCR señaló en la misiva cursada al Jefe Comunal que “si bien el Decreto 63/2025 del Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto un tope de $85.000 para este beneficio, su aplicación literal y automática resultaría no solo perjudicial para las familias trabajadoras de nuestra comunidad, sino que también vulneraría el principio de progresividad en materia de derechos sociales, consagrado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)”. “El principio de progresividad – sostuvo – exige que los derechos económicos, sociales y culturales solo puedan expandirse en el tiempo y que cualquier regresión en su ejercicio debe ser excepcional, justificada y compensada con medidas que garanticen su goce efectivo”. “Reducir el monto de la ayuda escolar que las familias percibieron en marzo de 2024 constituye una afectación directa al bienestar de niños, niñas y adolescentes, y se aparta del deber del Estado de garantizar su protección integral” indicó.
D’Amico precisó en la nota dirigida al Intendente Grasso que “el Municipio cuenta con normativa específica que regula la movilidad de las asignaciones familiares, a través de las Ordenanzas 7836 y 8074, cuyo espíritu busca garantizar una actualización acorde con la realidad económica de nuestra ciudad”. “Si bien una interpretación estrictamente financiera – acotó – podría sugerir que la reducción de este beneficio alivia las arcas municipales, resulta inaceptable aplicar una perspectiva meramente contable cuando está en juego el bienestar de la infancia”. “La perspectiva de infancia – continuó – reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral, exige que todas las decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes sean analizadas desde su impacto en su desarrollo, educación y calidad de vida”. “Aplicar el recorte previsto en el Decreto 63/2025 significaría desconocer la centralidad de este enfoque, afectando directamente el acceso a recursos esenciales para su escolaridad” destacó.
La Edil fue enfática en su pedido y reclamó “Señor Intendente, en reiteradas oportunidades usted ha manifestado su crítica hacia las políticas de ajuste y recorte implementadas por el gobierno de Javier Milei, señalando su carácter regresivo y perjudicial para los sectores más vulnerables”. “Sin embargo, adoptar la reducción dispuesta por el Ejecutivo Nacional sin cuestionarla, ni asumir la autonomía municipal para sostener los derechos adquiridos, implicaría incurrir en la misma tesitura que usted ha condenado públicamente”. “Por lo expuesto, solicito que el Municipio liquide la diferencia correspondiente hasta completar la suma de $130.000 por cada niño, niña y adolescente garantizando la plena aplicación de la normativa vigente y el respeto al principio de progresividad en la protección de los derechos de la infancia” finalizó.
SE PRESENTÓ EL MÁSTER PLAN ‘INTERVENCIÓN INTEGRAL AUTOVÍA 17 DE OCTUBRE’
D’AMICO PIDE EXPLICACIONES A VIDAL ANTE DENUNCIA PENAL A LA EX MINISTRA MAQUIAVELI POR COMPRA DE CAJAS DE LECHE EN
Transformación de la Autovía y Nuevas Iniciativas: Reunión de la Comisión de Transporte