LA EDUCACIÓN PRIVADA CON ARANCELES LIBRES
El Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control estatal
Mediante un decreto, el Ejecutivo eliminó la norma que exigía autorización previa para fijar matrículas y cuotas en las escuelas privadas. A partir de ahora, los institutos podrán establecer los valores libremente, sin intervención del Estado nacional.
El Gobierno nacional dispuso la eliminación del control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, tras más de tres décadas de regulación.
A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 2417/1993, que desde los años noventa regía el sistema de autorización de cuotas y matrículas en las instituciones educativas de gestión privada.
La medida marca un cambio profundo en la relación entre el Estado y el sector educativo privado, otorgando a los colegios la facultad de definir sus propios valores sin previa comunicación ni aprobación oficial.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la norma derogada “presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”.
El texto recuerda que el esquema de control estatal se implementó cuando la educación dependía del Gobierno nacional, antes del proceso de descentralización hacia las provincias. Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca “favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada”, garantizando “su sostenibilidad y el derecho a la educación de calidad”.
Libre fijación de precios
El decreto plantea que la intervención estatal en la fijación de aranceles “generó efectos contraproducentes”, afectando la viabilidad económica de las instituciones.
La obligación de informar y autorizar los valores de matrícula con antelación, sostiene el Gobierno, “limitaba la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado” y obligaba a las escuelas a establecer precios más altos “por temor a no cubrir sus costos operativos”.
Además, se invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, que según el texto “deberían tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y los salarios de su personal, sin autorización estatal”.
Revisión del marco normativo
El decreto también instruye al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento de la educación privada, con el objetivo de adaptar la normativa al principio de libre contratación.
Según se indicó, el nuevo esquema buscará “permitir a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
Con esta decisión, el Gobierno pone fin a más de treinta años de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados.
El cambio, que impactará en miles de familias y establecimientos del país, abre una nueva etapa en el vínculo entre el sector educativo y el Estado, con debate asegurado sobre sus efectos en la accesibilidad y la equidad del sistema educativo argentino.
