IMPUGNAN LA LICITACIÓN DE TELEMEDICINA Y CRECEN LAS DUDAS SOBRE UN NEGOCIO MILLONARIO
Mientras el Gobierno de Santa Cruz empuja la telemedicina como una solución moderna para un sistema de salud en crisis, puertas adentro empieza a acumularse un problema que incomoda cada vez más: la licitación que debería sostener ese modelo ya fue formalmente impugnada por el Colegio de Psicólogos, que no solo pidió frenarla, sino directamente declararla nula.
No es un planteo menor ni aislado. Es un recurso jerárquico presentado ante el propio Ministerio de Salud que apunta al corazón de la Licitación Pública N° 003/MSA/2026, un proceso que supera los 5.500 millones de pesos y que busca contratar un servicio integral de telemedicina para toda la provincia. El documento no menciona nombres propios ni empresas, pero sí describe un escenario que, leído en contexto, abre interrogantes inevitables.
El Colegio va al hueso: sostiene que el pliego está mal diseñado, que no define con precisión qué servicio se está contratando, que mezcla prestaciones médicas con salud mental sin criterios claros y que establece exigencias económicas y técnicas que pueden limitar la competencia. En otras palabras, no está claro qué se compra, pero sí que no cualquiera podría ofrecerlo.
Ese punto es clave. Porque cuando un proceso de estas características presenta niveles de indeterminación tan altos —sin protocolos claros, sin estándares técnicos definidos y con requisitos económicos elevados— deja de ser un problema meramente administrativo y pasa a ser un problema político.
En paralelo a este planteo institucional, empiezan a aparecer los actores que orbitan alrededor de la licitación. Entre ellos, el nombre de Ariel Varela, médico y ex ministro de Salud de la provincia, hoy vinculado a espacios que buscan posicionarse dentro del esquema de telemedicina. Su figura introduce un elemento que complejiza aún más el escenario: la superposición entre quienes fueron responsables del sistema que hoy se declara en crisis y quienes podrían participar de su “reconversión”.
No es una acusación directa, porque el documento del Colegio no lo menciona. Pero sí es un dato político que no puede ignorarse en la lectura del proceso.
El recurso presentado también advierte sobre un aspecto especialmente sensible: la salud mental. El pliego exige cobertura permanente, pero no define cómo debe prestarse, bajo qué encuadre clínico ni con qué protocolos. Para el Colegio, esto no solo afecta el ejercicio profesional, sino que pone en riesgo la calidad de atención. En un contexto donde el sistema público ya muestra signos de saturación, la falta de precisión no parece un error menor.
A eso se suma otro punto que enciende alarmas: la estructura económica del contrato. Se trata de un esquema a 36 meses con precios invariables, pero sin una definición clara de costos, ajustes o mecanismos de actualización. En cualquier licitación, eso genera incertidumbre. En una de más de 5.500 millones de pesos, directamente genera sospechas.
Mientras tanto, el proceso sigue en marcha. La apertura de sobres fue reprogramada, las empresas se preparan y el discurso oficial insiste con la eficiencia y la modernización. Sin embargo, el recurso ya está presentado y obliga a una respuesta. Si la Administración decide ignorarlo o minimizarlo, el conflicto puede escalar. Si lo admite, la licitación entra en zona de riesgo.
En ese equilibrio frágil se juega algo más que una contratación. Se juega la credibilidad de un proceso, la transparencia de una decisión millonaria y la coherencia de un sistema que intenta reinventarse sin terminar de explicar cómo.
La telemedicina puede ser una herramienta útil, incluso necesaria. Pero cuando el pliego que la sostiene es cuestionado por quienes regulan el ejercicio profesional, y al mismo tiempo empiezan a aparecer nombres ligados al poder y a la historia reciente del sistema, la discusión deja de ser tecnológica.
Pasa a ser política.
Y en Santa Cruz, hoy, esa política vuelve a girar alrededor de una pregunta incómoda: si el sistema de salud llegó a este punto, ¿quiénes lo trajeron hasta acá… y quiénes están en condiciones de hacerse cargo de lo que viene?
