EMBARGO MILLONARIO A SERVICIOS PÚBLICOS
Mientras el Gobierno provincial salió a comunicar que canceló una deuda con CAMMESA por poco más de $3.100 millones, en paralelo la Justicia federal ya avanzó con una medida que cambia completamente el escenario: ordenó embargar las cuentas de Servicios Públicos Sociedad del Estado por una deuda que supera los $31.800 millones, con otros $9.500 millones proyectados en intereses y costas .
No es una discusión contable. Es una señal de gravedad.
Porque cuando un juez habilita un embargo en un juicio ejecutivo, lo que está diciendo es que hay una deuda exigible, clara y lo suficientemente seria como para empezar a cobrarla por la fuerza. Y eso incluye no solo lo que hay hoy en las cuentas, sino también lo que ingrese mañana.
Traducido: cada peso que recauda SPSE puede quedar atrapado antes de ser usado.
Ahí es donde el problema deja de ser político y pasa a ser operativo. Servicios Públicos no es una empresa más. Maneja luz, agua, infraestructura básica. Si le bloquean o desvían fondos, la pregunta ya no es quién generó la deuda, sino cómo se sostiene el servicio.
En ese contexto, el anuncio de Vidal abre más preguntas que respuestas.
El gobernador aseguró que pagó la “totalidad” de la deuda heredada de 2023. Pero el expediente judicial muestra otra escala: más de $40 mil millones en juego y embargo en marcha. Entonces, la duda es inevitable: ¿si se pago la deuda, porque SPSE genero en tan poco tiempo una deuda millonaria?
Y hay otra pregunta todavía más incómoda, que el embargo pone sobre la mesa: ¿qué está pasando con los fondos que recauda Servicios Públicos?
Porque si la empresa factura, cobra tarifas y aún así acumula niveles de deuda que derivan en embargos millonarios, el problema no es solo heredado. Es estructural.
Muchos Santacruceños pagamos boletas de SPSE que superan los $100.000, ¿porque la deuda?
¿Se está pagando regularmente la energía?
¿Se están usando esos fondos para cubrir otros agujeros?
¿Hay un desfasaje entre lo que se cobra y lo que se paga?
La medida judicial no deja mucho margen para el maquillaje discursivo. Cuando hay embargo, ya no alcanza con explicar el pasado. Hay que dar respuestas sobre el presente.
En Santa Cruz, donde los servicios ya vienen al límite, el riesgo es concreto: que una crisis financiera termine impactando directamente en la prestación.
Y en ese escenario, la discusión política pierde valor.
Porque cuando la plata no llega a destino, alguien paga.
Y casi nunca es el que firma los comunicados.
