PREDICAN TRANSPARENCIA MIENTRAS GOBIERNAN CON LA PERSIANA BAJA.
SANTA CRUZ PUEDE S.A.U: millones en compras directas y un manual de excepción permanente
Una auditoría del Tribunal de Cuentas, a la que tuvo acceso esta redacción, a la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U, deja una sensación incómoda: detrás del discurso de la “matriz productiva”, aparece una estructura que manejó cientos de millones de pesos con niveles de control administrativo alarmantemente débiles.
El informe oficial —de más de 60 páginas— no habla de errores menores ni simples desprolijidades burocráticas. Habla de compras sin expedientes, pagos sin documentación respaldatoria, ausencia de órdenes de compra, inexistencia de registros de proveedores y contrataciones realizadas bajo mecanismos abreviados.
Todo esto en una empresa estatal creada para impulsar el desarrollo productivo de Santa Cruz. Empresa ESTATAL, pese a que Gustavo Sívori se encarga de aclarar que la S.A.U no depende del tesoro provincial (pero sí de sus recursos, basta solo con mencionar lo primero que viene a la mente de quien escribe, como la subsecretaría de telecomunicaciones proveyendo de sistema de cámaras, conectividad e instalación de reloj biométrico para control de personal)
La auditoría señala que Santa Cruz Puede S.A.U. devengó solamente en diciembre de 2025 erogaciones por más de 400 millones de pesos. Sin embargo, los auditores remarcan que gran parte de esa documentación se limitaba a “facturas y comprobantes de transferencia”, sin expedientes administrativos, sin solicitudes de gasto, sin presupuestos comparativos y sin constancias de recepción de bienes o servicios.
Traducido al común de los mortales: se gastaba, pero muchas veces no quedaba claro cómo, por qué, quién lo autorizaba ni quién controlaba que efectivamente aquello comprado existiera o se hubiera recibido. Cómo por ejemplo, facturas de talleres automotores de arreglos en móviles que no se detallan, y que no están patrimoniados. Compras de pasajes a nombre de personas que no tienen vínculo con la empresa. Uso de un predio que no tiene ningún documento legal respaldatoria. Entre muchas otras falencias.
¿Cómo puede una sociedad estatal manejar fondos públicos millonarios sin mecanismos sólidos de transparencia?
El informe revela además que la empresa no posee Registro de Proveedores y Contratistas. Es decir: no existe un sistema formal para verificar antecedentes, capacidad económica, incompatibilidades legales o posibles conflictos de interés de quienes contratan con el Estado.
Pero quizá uno de los puntos más delicados aparece en el uso de la llamada “cláusula transitoria” del reglamento interno. Esa herramienta permitía compras abreviadas con la sola firma del presidente de la sociedad. El Tribunal advirtió que ese mecanismo excepcional terminó utilizándose para compras directas de montos relevantes, omitiendo documentación básica y debilitando los controles administrativos.
A eso se suma otro dato explosivo: el Tribunal constató que el presidente de la empresa era el único firmante habilitado de las cuentas bancarias.
Demasiado poder concentrado. Demasiado poco control. Demasiadas preguntas sin respuesta.
La discusión ya no pasa solamente por la legalidad formal. Pasa por el modelo de administración pública que se está construyendo en Santa Cruz: empresas estatales con estructuras flexibles, manejo acelerado de fondos y controles que llegan después, cuando el dinero ya salió.
Porque una cosa es impulsar el desarrollo productivo. Otra muy distinta es convertir la excepción administrativa en sistema permanente.
