El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina emitió un comunicado manifestando su rechazo a la denuncia presentada por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, contra las autoridades del Tribunal de Cuentas provincial.
Desde el oficialismo de Santa Cruz se había realizado una denuncia contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y las vocales Matilde Menéndez y Romina Gaitan, acusándolos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y anunciando la intención de impulsar un juicio político.
En respuesta, la entidad nacional que representa a los Tribunales de Cuentas del país expresó su desacuerdo con la demanda y las presiones que esto implican sobre el órgano de control, subrayando además que, de acuerdo con la ley provincial, los únicos funcionarios susceptibles de ser enjuiciados políticamente son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El comunicado nacional también señaló que la denuncia presentada contra los titulares del Tribunal de Cuentas “contraviene la ley y la Constitución de la Provincia de Santa Cruz”, socavando las garantías individuales y debilitando las instituciones encargadas de garantizar el control sobre los fondos públicos.
Según el Secretariado, este caso representa una grave amenaza para la institucionalidad del estado, ya que el procedimiento utilizado contra los miembros del organismo de control externo se percibe como un intento de presión y coerción para influir en su labor de fiscalización.
Además, el comunicado condenó el hostigamiento público y la persecución contra aquellos encargados de examinar y juzgar las cuentas públicas, destacando la importancia de respetar la independencia de los poderes en un sistema republicano.
Por lo tanto, el Secretariado resolvió rechazar cualquier intento de interferencia en el ejercicio de las facultades asignadas por la Constitución Provincial y la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, así como repudiar las acciones destinadas a destituir a los funcionarios del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, se acordó desde la entidad realizar un seguimiento continuo de la situación institucional del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz para salvaguardar el control adecuado de los fondos públicos frente a cualquier situación política.
