La concejal busca manejar la ciudad y lo hace fuera de la ley

En un acto arbitrario, desmedido y claramente ilegal, la concejal Daniela D’Amico decidió avanzar sobre funciones que no le corresponden y comportarse como si fuera la intendenta de Río Gallegos, firmando un decreto que modifica de hecho el régimen de multas municipales y violenta abiertamente las normas vigentes.

Aprovechando la ausencia circunstancial del intendente Pablo Grasso, D’Amico ejecutó una maniobra política burda: gobernar por decreto sin legitimidad, sin respaldo legal y sin control democrático, en un gesto que desnuda una peligrosa vocación autoritaria.

Un acto salvaje que rompe el orden institucional

El decreto impulsado por la presidenta del Concejo Deliberante no es un error administrativo ni una interpretación discutible: es un avance directo sobre atribuciones exclusivas del Departamento Ejecutivo, una decisión de fondo tomada por quien no fue elegida para gobernar.

Lejos de respetar la división de poderes municipales, D’Amico optó por forzar la institucionalidad, imponiendo una medida que incluso reconoce necesitar el referéndum del Concejo, pero que aun así pretende aplicar como un hecho consumado.

Premio al incumplidor, castigo al vecino responsable

La supuesta “regularización” de multas es, en los hechos, una amnistía encubierta que beneficia a quienes durante años incumplieron sus obligaciones y castiga moral y económicamente a los vecinos que pagaron en tiempo y forma.

Mientras miles de contribuyentes hicieron esfuerzos para cumplir, D’Amico decide borrar de un plumazo deudas, intereses y sanciones, enviando un mensaje devastador: en Río Gallegos, cumplir no vale la pena.

Esta lógica no solo es injusta, sino profundamente regresiva y dañina para la cultura tributaria y el funcionamiento del Estado municipal.

La huella del SER y el manual de Claudio Vidal

Nada de esto es casual. El accionar de D’Amico se inscribe en una línea política cada vez más evidente de alineamiento con el SER que conduce el gobernador Claudio Vidal: atajos institucionales, desprecio por las reglas y uso discrecional del poder.

Bajo discursos edulcorados de “acompañar a los vecinos”, se esconde una práctica conocida: pisotear la ley cuando estorba, concentrar decisiones y vaciar de contenido a los órganos de control.

Un precedente gravísimo para la democracia local

Lo más alarmante no es solo el contenido del decreto, sino el precedente que intenta instalarse: una concejal que, sin mandato ejecutivo, se arroga facultades extraordinarias, gobierna por decreto y actúa como si la legalidad fuera un detalle menor.

Río Gallegos no necesita salvadores improvisados ni gestos de poder personal. Necesita respeto por la ley, por las instituciones y por los vecinos que cumplen.

Todo lo contrario a lo que hoy representa Daniela D’Amico.