¿PUEDE EL GOBIERNO FRENAR AUMENTOS YA ACORDADOS? LA JUSTICIA RESPONDIÓ Y LE DIO TRES DÍAS A ECONOMÍA
La Justicia intimó al Ministerio a pagar los aumentos acordados; le dio tres días y fijó multa diaria; en el Ejecutivo evitan confrontar, pero analizan los pasos a seguir
18 de febrero de 2026
12:42
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En medio del esquema de pauta salarial cero y del discurso oficial de restricción presupuestaria, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales obtuvo un fallo que obliga al Ministerio de Economía a pagar los aumentos salariales acordados en paritaria y no liquidados en enero.
La resolución, firmada por el juez Antonio Fabián Andrade, hace lugar al mandamiento de ejecución presentado por el gremio e intima a la cartera económica a cumplir en un plazo de tres días .
Además, fija una multa de $600.000 por cada día de incumplimiento y advierte sobre la posible remisión a la justicia penal por desobediencia .
En el Gobierno, si bien evitaron pronunciamientos públicos inmediatos, admitieron en privado que “se está evaluando la resolución y los caminos procesales disponibles”. No descartan apelar, aunque reconocen que el fallo “introduce un escenario institucional delicado”.
La controversia se inició luego de que el Ministerio de Economía dictara la Resolución 30/2026, mediante la cual estableció criterios para limitar la aplicación de incrementos salariales aprobados con posterioridad a agosto de 2025.
El gremio judicial sostuvo que las recomposiciones acordadas en las actas paritarias 273/25 y 279/25 habían sido homologadas y cumplidas durante 2025, por lo que su interrupción en enero constituía un incumplimiento.
El juzgado coincidió con ese planteo y consideró que las recomposiciones salariales forman parte de derechos ya consolidados .
Más allá del aspecto salarial, el fallo reintroduce un debate de fondo: los límites de las decisiones administrativas en materia presupuestaria.
Según la resolución, el Ministerio no puede, mediante un acto administrativo propio, restringir derechos previamente reconocidos sin respaldo normativo superior .
El Ministerio tiene tres días para cumplir con la orden. Si no lo hace, se activará la multa diaria y podrían impulsarse otras medidas para garantizar el pago .
En el gremio celebraron el fallo como “una defensa de los acuerdos paritarios y de la institucionalidad”. En el Gobierno, en cambio, analizan el impacto político y presupuestario de la decisión.
El episodio agrega un nuevo capítulo a la ya visible tensión entre los distintos poderes del Estado en Santa Cruz.
Y coloca al gremio judicial en el centro de una pulseada que excede lo salarial y se proyecta sobre el equilibrio institucional de la provincia.
