DEL DISCURSO DE LA AUSTERIDAD AL AUTO OFICIAL DE SIEMPRE
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz vuelve a poner en discusión una de las promesas más fuertes del discurso oficial: el fin de los privilegios. Mientras Claudio Vidal construyó su llegada al poder con la idea de achicar el gasto político y terminar con el uso discrecional de recursos del Estado, los hechos empiezan a mostrar una escena distinta.
En las últimas horas, trascendió un planteo que apunta a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Marilina Jaramillo, por el presunto uso de un vehículo perteneciente al área de Energía, un organismo que, por función, debería estar bajo su órbita de control. De confirmarse, no se trataría sólo de una irregularidad administrativa: el eje pasaría por una posible incompatibilidad entre quien audita y quien recibe un beneficio del auditado.
El vehículo en cuestión —un Toyota Corolla dominio AE180YF— vinculado al entonces Instituto de Energía, hoy Ministerio de Energía y Minería, y es visto de manera habitual en el espacio reservado para la Presidencia del Tribunal, sobre calle España. La situación abre interrogantes básicos: quién autorizó su uso, bajo qué condiciones y con qué respaldo normativo.
Pero el punto más delicado es político. Porque el caso impacta directamente sobre una narrativa que fue central durante la campaña: la de terminar con los privilegios de la dirigencia. Vidal habló explícitamente de reducir el parque automotor del Estado y vender vehículos oficiales que, según denunciaba, eran utilizados como si fueran propios por funcionarios y dirigentes.
Pasaron meses de aquellas promesas, la realidad parece no haber cambiado tanto. Nunca quedó del todo claro qué pasó con ese parque automotor: cuántos vehículos fueron vendidos, cuántos siguen en uso, quiénes los utilizan y bajo qué criterios. Y en paralelo, siguen siendo visibles prácticas habituales dentro del Estado, donde funcionarios y diputados se trasladan en vehículos oficiales incluso en situaciones donde el límite entre lo institucional y lo político se vuelve difuso.
Ahí aparece la contradicción. Porque mientras el discurso apunta a la austeridad, la práctica parece sostener lógicas históricas: autos asignados, parque cerrado y recursos públicos utilizados con escaso control visible.
El caso de Jaramillo, si avanza, obligará a determinar si existió una irregularidad concreta o una incompatibilidad en el ejercicio de la función pública. Pero más allá de lo judicial o administrativo, ya deja planteado un problema político evidente: la distancia entre lo que se prometió y lo que efectivamente ocurre.
Un gobierno que hizo del combate a los privilegios una bandera no puede desentenderse cuando esos mismos privilegios reaparecen dentro de su propia estructura. Porque en Santa Cruz, al menos por ahora, los autos oficiales siguen siendo parte del paisaje del poder.
