SANTA CRUZ EN EMERGENCIA PERMANENTE: LO QUE EL DISCURSO DE VIDAL NO CIERRA
El gobernador Claudio Vidal volvió a atribuir la situación de la provincia a la “mala praxis económica” de la gestión anterior. Es un argumento reiterado, con algún grado de sustento, pero cada vez más insuficiente frente a las decisiones tomadas por su propio gobierno.
Vidal asumió con una provincia que, aun con dificultades estructurales, mantenía orden en sus cuentas y disponibilidad de recursos. Un dato concreto lo confirma: en junio de 2024, su administración canceló una deuda de $23.000 millones. Es decir, había fondos. Había margen. Había capacidad de respuesta.
Hoy, en cambio, el escenario es otro. La provincia enfrenta dificultades para afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios, mientras el propio gobierno habilita mecanismos que comprometen recursos estratégicos —como los vinculados a áreas sensibles del territorio— para sostener el funcionamiento corriente del Estado.
La pregunta es inevitable:
¿qué pasó con los recursos con los que arrancó la gestión?
La respuesta no aparece.
Y en ese vacío, el discurso oficial vuelve una y otra vez sobre el pasado. Pero incluso ahí surgen contradicciones difíciles de eludir. Porque mientras el gobernador cuestiona la política económica anterior, el Ministerio de Economía sigue siendo administrado, en lo esencial, por el mismo equipo técnico que formó parte de la gestión de Alicia Kirchner.
Es decir, quienes diseñaron o ejecutaron ese esquema que hoy se critica son, en buena medida, los mismos que lo gestionan en la actualidad.
A esa tensión se suma la reciente designación de Sebastián Giorgion, otro nombre vinculado al entramado estatal previo, lo que refuerza una lógica de continuidad que el discurso intenta negar.
El problema, sin embargo, no es sólo político. También es operativo.
En paralelo al relato sobre la crisis, la gestión acumula declaraciones de emergencia en cadena: energética (Ley 3849), administrativa y alimentaria (3850), hídrica (3874), hidrocarburífera (3914), entre otras. La excepción se volvió regla. La emergencia, método.
Mientras tanto, el funcionamiento del Estado muestra señales preocupantes: hospitales con servicios limitados, falta de profesionales e insumos, autobombas sin combustible, comisarías sin móviles. Todo esto convive con una estructura política que no parece haber reducido su propio peso: viáticos, vehículos oficiales y designaciones sin funciones claras siguen formando parte del esquema.
En el plano productivo, la empresa Santa Cruz Puede continúa sin ofrecer resultados verificables ni balances públicos consistentes, a pesar de haber sido presentada como una herramienta clave para el desarrollo. Más anuncios que certezas.
A esto se suma otra incógnita relevante: el destino de los fondos vinculados a YPF, estimados en cifras millonarias, que hasta el momento no han sido explicados con precisión.
El cuadro es complejo, pero ya no puede leerse únicamente en clave de herencia.
Porque si bien el pasado condiciona, el presente define. Y la gestión de Claudio Vidal ya acumula decisiones, equipos y resultados propios como para ser evaluada por lo que hace, no sólo por lo que recibió.
Cuando una provincia pasa de cancelar deudas millonarias a comprometer sus recursos para pagar salarios, la discusión deja de ser histórica.
Pasa a ser, inevitablemente, actual.
Y ahí es donde la pregunta central sigue sin respuesta:
¿dónde está el dinero de Santa Cruz?
