PROMETIERON EFICIENCIA, ENTREGAN DESPIDOS: EL CASO SANTA CRUZ PUEDE
SANTA CRUZ PUEDE: LA EMPRESA DEL ESTADO QUE PROMETIÓ EFICIENCIA Y TERMINÓ BAJO SOSPECHA
Fue presentada como una herramienta clave para cambiar la economía de Santa Cruz. Una empresa estatal moderna, capaz de generar empleo, agregar valor y competir donde el privado no llegaba. Ese fue el discurso con el que nació Santa Cruz Puede S.A.U., bajo la gestión de Claudio Vidal.
Pero a poco de andar, la distancia entre lo que se prometió y lo que realmente ocurrió empezó a hacerse evidente.
El caso del Parque Nacional Los Glaciares lo expone con claridad. Cuando la empresa asumió el control del acceso por la Portada Sur, el mensaje oficial hablaba de eficiencia, orden y mejora en la experiencia del visitante. Se prometía un sistema ágil, seguro y moderno.
Nada de eso terminó de consolidarse.
Con el correr de los meses, lo que se acumuló fueron problemas. Demoras en el ingreso, desorganización operativa, quejas del sector turístico y un servicio que nunca logró estabilizarse en uno de los puntos más sensibles de la actividad económica provincial.
Ahora, con el contrato llegando a su fin y con trabajadores comenzando a recibir telegramas de cese, el cierre no aparece como una transición ordenada, sino como el desenlace de una gestión que no logró sostenerse.
Pero el problema no es solo operativo.
Lo que empieza a quedar bajo la lupa es el funcionamiento completo de la empresa.
Porque mientras Santa Cruz Puede avanzaba sobre áreas estratégicas, nunca terminó de quedar claro cómo se administraban los recursos, cuáles eran los costos reales de cada intervención o qué resultados concretos podía mostrar. No hay balances de fácil acceso, no hay reportes públicos sistemáticos y no hay indicadores que permitan evaluar su desempeño.
En otras palabras, no hay forma clara de auditarla desde afuera.
Y en ese punto, la discusión cambia de nivel.
Porque cuando una empresa del Estado maneja recursos, toma decisiones y se expande sin mostrar información básica de gestión, deja de ser solo una herramienta productiva para convertirse en un problema institucional.
El antecedente de los medallones de merluza ya había anticipado ese patrón. Un anuncio con fuerte respaldo político, expectativas altas y, después, un silencio llamativo sobre costos, producción y resultados. Una iniciativa que nunca terminó de explicarse del todo.
Lo mismo empieza a verse ahora en el caso de Los Glaciares.
Una intervención que se anunció como solución, que funcionó con dificultades y que termina cerrando sin balances públicos que permitan entender qué pasó realmente.
¿Cuánto costó?
¿Cuánto recaudó?
¿Qué impacto tuvo?
No hay respuestas claras.
Y mientras tanto, lo que sí aparece es el efecto más visible: trabajadores que pierden su empleo, un servicio que no funcionó como se prometía y una empresa estatal que vuelve a quedar envuelta en dudas.
En este contexto, Santa Cruz Puede empieza a consolidar una imagen preocupante: la de una estructura que opera dentro del Estado, pero con niveles de opacidad que dificultan cualquier control real.
Un verdadero “triángulo de las Bermudas” administrativo, donde los recursos circulan, pero la información no.
La pregunta, entonces, ya no es qué pasó en Los Glaciares.
La pregunta es otra, más incómoda y más profunda:
qué está pasando con Santa Cruz Puede?
Porque si la empresa nació para generar desarrollo, alguien debería poder mostrar resultados.
Y si no los hay, también debería explicarlo.
En Santa Cruz, donde el Estado tiene un rol central y donde cada peso cuenta, no alcanza con anunciar proyectos.
Hace falta algo mucho más básico:
Todo lo que, hasta ahora, Santa Cruz Puede todavía no logró demostrar.
El Estado creó una herramienta para producir y terminó generando un espacio donde nadie termina de explicar qué se hace con los recursos de todos.
TODO NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS
