EL GOBIERNO ADMITIÓ EL COLAPSO POLICIAL
EL GOBIERNO ADMITIÓ QUE LA POLICÍA PROVINCIAL HABÍA PERDIDO EL CONTROL DE LAS CALLES
Mientras el discurso oficial hablaba de normalidad, un informe reservado enviado por el Ministerio de Seguridad a Diputados reconoce que el servicio policial es “ineficiente”, que el 911 esta afectado y que debieron pedir ayuda a las Fuerzas Federales para patrullar Santa Cruz. El propio Gobierno terminó admitiendo la profundidad de la crisis.
Mientras el discurso oficial intenta minimizar la crisis policial, puertas adentro el Gobierno de Santa Cruz se redactaba un informe que cuenta una historia muy distinta. Un documento oficial del Ministerio de Seguridad revela que la adhesión a las medidas de fuerza es tan alta que el servicio de prevención se había vuelto “ineficiente” y que la Provincia debió pedir asistencia a las Fuerzas Federales para cubrir patrullajes en distintas ciudades.
La documentación, remitida por el ministro Pedro Pródromos a la Cámara de Diputados, confirma que la decisión de incorporar Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y el Servicio Penitenciario Federal no fue preventiva ni rutinaria. Fue la consecuencia directa de una Policía Provincial que, según el propio informe oficial, ya no puede garantizar normalmente la seguridad.
Los números son contundentes. El Gobierno reconoce una adhesión del 74% a las medidas de fuerza en la Zona Norte, del 62% en la Zona Sur, del 26% en el Sudoeste y del 12% en la Zona Centro. En numerosas dependencias de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado el acatamiento llegaba al 90%, dejando prácticamente paralizada la actividad preventiva.
Pero el dato político más delicado aparece en la descripción de las consecuencias. La propia Superintendencia de Seguridad admite que las dependencias adheridas dejaron de realizar patrullajes y recorridas preventivas, que la atención de emergencias mediante el 911 se encontraba afectada y que el servicio de seguridad había pasado a ser “ineficiente” tanto para la prevención como para la respuesta ante emergencias.
Frente a ese escenario, la conducción policial tuvo que improvisar un esquema de contingencia utilizando oficiales superiores, personal administrativo, áreas de investigaciones, planificación, bomberos y otras dependencias que normalmente no realizan tareas de patrullaje. Aun así, el documento concluye que resultó necesario solicitar formalmente la colaboración de las Fuerzas Federales.
Ese pedido fue aceptado y derivó en la conformación de un Comando Unificado integrado por Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, con despliegues en Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y El Calafate.
El expediente deja además una fuerte lectura política. Es el propio Gobierno el que reconoce que la estructura provincial había quedado desbordada por el conflicto salarial. La asistencia federal aparece, entonces, como una respuesta a una incapacidad operativa reconocida por las máximas autoridades de Seguridad.
Paradójicamente, mientras públicamente se buscaba transmitir una imagen de normalidad y control, los informes internos describían exactamente lo contrario: una Policía con altos niveles de adhesión a las medidas de fuerza, una capacidad preventiva seriamente deteriorada y un Gobierno obligado a recurrir a fuerzas nacionales para sostener funciones básicas de seguridad.
Más allá de cualquier interpretación política, el documento constituye una prueba oficial de que la administración provincial reconoció por escrito que la crisis policial había alcanzado un punto en el que la propia Policía de Santa Cruz ya no podía responder por sí sola.
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