La nueva ley permite nombrar al Procurador con mayoría absoluta, pero una bicameral podría desplazar al actual interino. Alberto debería incluirlo en Diputados y conseguir una mayoría para que sea ley.
La mayoría oficialista del Senado aprobó este viernes la reforma del Ministerio Público con modificaciones hasta último minuto que además de flexibilizar las condiciones para elegir a un procurador vaticinan la pronta salida del actual, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo en forma interina desde 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
“No se trata de (Daniel) Rafecas si o Rafecas no: se trata de Casal si o Casal no. Pasa que hay muchos a los que les conviene que siga”, provocó el senador Oscar Parrilli, autor de la reforma que, de sancionarse en Diputados, permitirá designar al jefe de fiscales con mayoría absoluta, como se conoce a la mitad más uno de los miembros el recinto, cifra que el Frente de Todos consigue por sí mismo.
Para acorralar a Casal se estableció que transcurrido un plazo de 30 días de vacancia o en la procuración el interinato será ejercido por “un fiscal general con más de 10 años de antigüedad”, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público que el oficialismo domina con su mayoría del Senado. “A falta de designación interina, intervendrá el fiscal que tenga más antigüedad en tal cargo”, agrega el artículo corregido esta mañana y distribuido entre los senadores antes de la sesión.
El candidato a Procurador de Alberto Fernández es el juez Rafecas, pero su pliego está planchado desde marzo porque el oficialismo no encontró señales de respaldo en Cambiemos para llegar a dos tercios, que ya no serían necesarios con esta ley.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos Anabel Fernández Sagasti nunca convocó a la audiencia y hace un mes los referentes del Frente de Todos hicieron saber que no lo harán hasta sancionar la reforma, que aún no tiene una mayoría asegurada en Diputados, donde el Frente de Todos no la reúne con sus propios votos.
El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, al cerrar el debate, reconoció que “la mayoría agravada” de dos tercios “no reúne consenso” y se preguntó, entonces, “¿qué pasa con las políticas públicas que hay que llevar adelante?”
Además, advirtió que el oficialismo “va a hacer el esfuerzo de corregir el desastre buscando la institucionalidad que (el ex presidente Mauricio) Macri destrozó y del que ellos (Juntos por el Cambio) fueron cómplices”.
A su turno, el jefe del interbloque de la oposición, el radical formoseño Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de pretender llevar a cabo una “contrareforma constitucional” al modificar la Ley del Ministerio Público.
“Estamos asistiendo a una contrareforma constitucional. Porque a partir de la reforma de 1994 el Ministerio Público Fiscal en la Constitución ocupó un rol de contrapoder. ¿De dónde sacaron que los dos tercios son impracticables? Los dos tercios tenían que ver con la robustez del cargo”, aseguró Naidenoff.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, explicó que la búsqueda de reducir el número para elegir al jefe de los fiscales no se debe a la falta de consenso para elegir a Rafecas.
“Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”, destacó Parrilli
El senador agregó que la oposición acusa al Gobierno Nacional “de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la justicia” y destacó que el oficialismo pretende “dar certezas y seguridades”.
En cambio, el opositor cordobés Ernesto Martínez opinó que el proyecto impulsado por el oficialismo tiene “sentido de venganza”.
“Esta es una ley que tiene un verdadero sentido de venganza”, afirmó Martínez y destacó que “la idea del proyecto es decir ‘la acusación soy yo’” y lo calificó como “absolutista”.
