El Gobierno denunció a los jueces y funcionarios que viajaron a la estancia de Joe Lewis.

El Gobierno nacional denunció  al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”. Entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.

La denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche y en base a instrucciones del presidente Alberto Fernández, tal como lo había adelantado el jefe de Estado al hablar en cadena nacional el lunes pasado.

De manera paralela, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según informó el diario Página 12, el 17 de ese mes.

Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que “llama la atención” que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas “al contado” el “mismo día del vuelo”, el 13 de octubre pasado.

En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, “evidencian una clara discordancia” entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.

En este sentido, al declarar como testigo, el administrador de la propiedad de Lewis omitió mencionar que los directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, estuvieron presentes en dicho encuentro.

El testigo también omitió mencionar que se sumaron otros dos pasajeros, los directivos del grupo Clarín, llegados en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes no se emitió factura alguna, en relación a Jorge Rendo y Pablo Casey.

La denuncia del presidente

“Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial en relación a la denuncia del Gobierno nacional.

En la denuncia se pidieron medidas de prueba, entre ellas “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

Denunciados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas”.

• Julián Ercolini, juez federal
• Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal
• Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2
• Pablo Cayssials, titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso
• Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Marcelo D Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

Denunciados por el “ofrecimiento de dádivas”

• Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín
• Nicolás Van Ditmar, el administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro
• Leonardo Bergroth, el exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado
• Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política

Clarín invita

La denuncia del gobierno nacional, según indicó Télam, buscaría “que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”.

“Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”, señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.

Ya en territorio patagónico y “según la información que tomó estado público”, la comitiva completa “se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido”.

El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas”.

Esto daría lugar “a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse”.

La investigación de Bariloche y las pruebas del viaje

Al respecto, en la investigación preliminar de la fiscalía de Bariloche se dio “por probado” el viaje, el traslado en dos camionetas pertenecientes a la empresa de Lewis y la estadía en su estancia, aunque “se descartó que el magnate haya estado en el lugar”, expuso la agencia de noticias nacional.

“La fiscal añadió imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto que reconstruyeron lo ocurrido y dan cuenta del arribo de la comitiva y del trayecto de sus integrantes hasta que subieron a las camionetas”, agregaron.