Investigan si el gobierno utiliza a la Policía para tareas de  inteligencia que podrían ser ilegales

La causa se inició de oficio luego de que la DDI presentara un informe de 27 páginas con investigación a personas sin la debida autorización de un juez. Las tareas de inteligencia habrían sido desplegadas por los uniformados .

En el mes de marzo, el ministro de trabajo y parlamentario de La Libertad Avanza, Julio Gutiérrez, presentó una denuncia por un hecho de corrupción en contra de una trabajadora de esa cartera de apellido Silva. El caso tuvo fuerte relevancia pública porque la mujer fue secretaria del ex ministro de Trabajo, Teodoro Camino, por lo que el Gobierno de Claudio Vidal, provechó la ocasión para cargar tintas contra la administración anterior.

El 21 de marzo a las 18:35, el ministro Gutiérrez, que además es referente del gremio de los VIGILADORES, presentó una denuncia en la División de Investigaciones de la Policía (curioso lugar para radicarla). Pero apenas unas horas después, este organismo de la Policía aporto un exhaustivo informe de casi treinta páginas que contenía una investigación detallada sobre las personas denunciadas. El informe llamo rápidamente la atención por contener filmaciones de cámaras de seguridad, análisis de redes sociales, cruce de datos financieros, vigilancia en el domicilios con detalles de todas las personas que ingresaban y salían, vestimenta, nombre y todos los datos personales de los supuestos implicados.

El curioso y detallado informe alertó a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción Penal N° 3, por la celeridad de las diligencias, pero, sobre todo por la falta de autorización judicial para realizar estas medidas.

Ademas llamó la atención que el informe contaba con las filmaciones de la cámara de vigilancia de una concesionaria, que en el horario en el que se supone que se hizo la investigación, estaba cerrada. Cabe destacar que el análisis de cámaras es una tarea que suele demandar días y hasta semanas a las fuerzas de seguridad.

En el informe de la DDI, que no lleva la firma de ningún superior, un joven agente  escribió que “personal de esta DDI efectuó control sobre el domicilio sito en calle Lago Viedma N° … observándose en la parte externa de este un rodado marca Toyota modelo Hilux, color blanco dominio …”

Esto resultó otra señal de alarma para el Poder Judicial, ya que la ley de Inteligencia Nacional, ley N° 25.520, en su artículo 6°, establece que solo la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal tiene la facultad de realizar tareas relativas a Investigaciones Criminales. “Ningún organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción…”

El Código de Procedimiento Penal, las leyes nacionales y provinciales dicen que la policía tiene la obligación de informar a la justicia de toda investigación y que solo ella puede autorizarla y que esa comunicación debe ser “inmediata”. Cuando esto no sucede, hablamos de inteligencia ilegal.

Al día siguiente a la presentación de la denuncia de Gutiérrez, la jueza del caso ordenó un allanamiento en una vivienda particular, ocasión en la que se hicieron presentes autoridades de gobierno, lo que constituye otra irregularidad, tal como se vio en las imágenes que luego se filtró a los medios de prensa.

En su dictamen, la Fiscalía interviniente sostuvo que “resulta penoso advertir como en este caso concretamente se avasalló la investidura de los funcionarios judiciales competentes, pues se llevó a cabo una investigación sin orden judicial previa, en donde los suscriptos en su afán por hallar la verdad real de los hechos comprometieron la pesquisa, atribuyéndose de hecho la facultad de decidir qué medidas eran pertinentes y útiles para esclarecer el delito, medidas que reitero, son facultad exclusiva del órgano judicial, con las excepciones marcadas precedentemente, las cuales, como se expusiera eran ajenas a la presente causa”.

Por otro lado, si bien la investigación indica que efectivamente la ex secretaria del Ministerio de Trabajo habría llevado adelante actos de corrupción, al utilizar para beneficio personal un convenio por repuestos del automotor, la forma en la que se la investigó podría devenir en la nulidad de todo lo actuado.

La preocupación de las autoridades y funcionarios de la justicia radica en que nada de lo sucedido pudo darse sin el conocimiento de las autoridades provinciales como responsable del área de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos.

Esto podría marcar que el gobierno de Claudio Vidal es capaz de llevar adelante investigaciones de forma paralela, de espaldas de la Justicia.

Por esta causa, se solicitó la declaración de los agentes de la DDI que firmaron el informe y se solicitaron otras medidas de prueba y se esperan novedades en las próximas semanas.