Diversas organizaciones han levantado su voz en una manifestación unánime en contra de las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentadas por el Poder Ejecutivo. En una declaración conjunta, estas entidades destacan que los postulantes no cumplen con los criterios requeridos para asumir tan fundamental responsabilidad en la máxima instancia judicial del país.
Destacaron que la Corte Suprema, como garante última de la Constitución y del Estado de Derecho, requiere que sus integrantes posean una probada idoneidad, independencia judicial y un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Lamentablemente, según las organizaciones, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla alcanzan este estándar.
El documento fue firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la La Unión de Usuarios y Consumidores.
Las acusaciones contra Ariel Lijo, incluyendo falta de investigación de causas de corrupción y denuncias penales por asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias, plantean serias dudas sobre su integridad y capacidad para ocupar un cargo en el más alto tribunal de justicia.
Por su parte, Manuel García-Mansilla, a pesar de contar con antecedentes académicos destacados, presenta visiones sustantivas que podrían impactar negativamente en la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
Además de las preocupaciones individuales sobre cada candidato, preocupa también la falta de representatividad de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. En particular, se destaca la nula diversidad de género en la misma, lo cual contraviene los principios de igualdad y no discriminación.
Las organizaciones firmantes exigen al Poder Ejecutivo que retire estas candidaturas y proponga personas que cumplan con los estándares necesarios para integrar el máximo tribunal de justicia. En caso de no atender esta solicitud, instan al Senado de la Nación a rechazar los pliegos enviados.
Finalmente, se destaca que si bien la integración de la Corte debe ser prioritaria, ello no agota las discusiones pendientes en torno a la misma. Se insta a toda la dirigencia política a analizar las transformaciones necesarias para que la Corte pueda cumplir adecuadamente las funciones que la sociedad y el respeto de la Constitución le exigen.
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