Juicio político en Santa Cruz: la jugada del ejecutivo y de los diputados que busca disciplinar a la Justicia
Por Juan De Nadie
Mientras la crisis institucional de muchas provincias sigue profundizándose, en Santa Cruz se activa una maniobra que vuelve a poner en la mira la independencia del Poder Judicial. Un grupo de diputados decidió impulsar un juicio político contra una vocal del Tribunal Superior de Justicia. ¿El motivo? Su rol como presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento en una causa que no satisfizo los intereses de algunos sectores políticos.
La jugada no sorprende, pero sí preocupa. Detrás del argumento formal —el pedido de remoción— aparece la intención de condicionar fallos judiciales futuros. Un mensaje claro para el resto de los jueces: cuidado con firmar sentencias que incomoden al poder político.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Ju.Fe.Jus.) lo advirtió en un comunicado emitido este miércoles: “Resulta contrario a los principios fundamentales del sistema democrático promover juicios políticos contra magistrados en contextos donde estos no se ajusten a las expectativas de determinados ciudadanos”. En otras palabras: usar el juicio político como castigo por no fallar a gusto del poder es dinamitar el equilibrio republicano.
Lo que está en juego no es una persona, ni un fallo puntual. Es el funcionamiento del sistema. Si cada vez que un juez aplica la ley de forma incómoda se le inicia un proceso político, entonces ya no hay Justicia imparcial: hay subordinación, miedo, autocensura.
Desde Ju.Fe.Jus. insisten en que la estabilidad de los magistrados es clave para preservar las garantías constitucionales. Y advierten que esta clase de maniobras erosionan la legitimidad de uno de los poderes esenciales del Estado. “Un Poder Judicial libre de influencias políticas”, remarcan.
Pero algunos legisladores parecen leer la Constitución con criterios de oportunidad. La misma herramienta que debería utilizarse en casos extremos se convierte en un mecanismo para disciplinar y marcar territorio. No se trata de institucionalidad, se trata de control.
El caso de Santa Cruz no es aislado. Es apenas un capítulo más en una tendencia que avanza en varias provincias: la del uso del juicio político no como control, sino como amenaza. Y cuando la amenaza se vuelve costumbre, la Justicia deja de ser un poder y pasa a ser un apéndice del Ejecutivo o del Legislativo de turno.
Mientras tanto, los discursos seguirán hablando de “instituciones” y “responsabilidades”. Pero lo que hay, en el fondo, es otra cosa: una pulseada de poder disfrazada de republicanismo.
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