Temen que a partir del último decreto del Gobierno para facilitar contratos con farmacéuticas, los laboratorios puedan exigir ante tribunales extranjeros las regalías petroleras provinciales como garantía.
Los diputados Menna, Reyes, Matzen y un grupo de legisladores que representan a provincias productoras de hidrocarburos presentaron un proyecto de ley para que se garantice que las regalías petroleras de las provincias productoras estén protegidas ante embargos y ejecuciones judiciales a favor de los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19.
La iniciativa, encabezada por el chubutense Gustavo Menna, busca modificar la Ley de Vacunas 27.573 incorporando el artículo 3° bis a fin de proteger las “regalías de cualquier especie que tengan derecho a percibir las provincias en función de concesiones de explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios, de los que, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, ejercen el dominio originario”.
El proyecto fue presentada en forma conjunta por Menna, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul, Luis Petri, Federico Zamarbide; Ricardo Buryaile, Mario Arce, Ignacio Torres, Jorge Rizzotti, Francisco Sánchez y Héctor Stefani.
Reclamos
Con el decreto 431/21 del Gobierno nacional que modificó la ley de vacunas de manera tal de allanar el camino para la firma de contratos con laboratorios norteamericanos, los diputados opositores temen que los laboratorios puedan reclamar las regalías petroleras como garantía ante tribunales extranjeros.
El proyecto prevé que los futuros contratos del Poder Ejecutivo Nacional en relación con la Ley “deberán contener una reserva expresa que deje a salvo a las regalías provinciales”.
“La cuestión no es menor, habida cuenta que las regalías hidrocarburíferas representan para las provincias productoras al menos un tercio de sus ingresos totales”, fundamentaron los legisladores.
Además remarcaron que “comprometer las regalías equivale a poner en riesgo, ante una eventualidad judicial, el pago de salarios de agentes públicos, obra pública y la propia prestación de servicios esenciales”.
En ese sentido, el Diputado Menna indicó que “la cuestión debió haber sido abordada con mayor profundidad y cuidado, y si realmente la intención del DNU 431/21 fue comprometer como garantía exclusivamente las regalías del Estado nacional, correspondía dejar expresamente efectuada la reserva del caso”.
Según dijo, el proyecto de ley propicia “subsanar la omisión en la que incurrió el Poder Ejecutivo y dejar expresamente sentado que, en ningún caso, las regalías provinciales podrán ser objeto de eventuales medidas de embargo o ejecución”.
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