Es por gastos con una tarjeta de crédito corporativa por $3,7 millones y US$ 8 mil. La denuncia fue realizada por el actual interventor de YCRT, Aníbal Fernández.

El actual interventor en la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, denunció penalmente este lunes a su antecesor en el cargo en el gobierno de Mauricio Macri, Omar Faruk Zeidan, y otros dos ex funcionarios de la firma administrada por el Estado Nacional por la presunta comisión del delito de peculado a raíz de gastos con tres tarjetas de crédito corporativas por un total de 3,7 millones de pesos y unos 8 mil dólares. Así surge del detalle de los consumos incorporado a la demanda, a la que Juez y Parte tuvo acceso y que quedó radicada por sorteo en el juzgado 9 de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, a cargo de Luis Rodríguez.

“Se trata de consumos especialmente llamativos y cuya evidente falta de relación con el objeto propio de YCRT demostraría las maniobras de sustracción aquí denunciadas”, expresó Fernández en su denuncia, patrocinada por el también abogado Martín Villar. Los otros dos denunciados son el ex coordinador general de YCRT Sergio Lumachi y la ex secretaria privada del ex interventor, Cintia Da Silva. La demanda incluye como prueba el sumario interno realizado en contra de ellos y el intercambio de cartas documento previas ante la exigencia de los comprobantes de gastos y su justificación. La figura de «peculado» es una de las variantes de la malversación de fondos públicos.

El ex jefe de Gabinete y ex ministro de Justicia de los gobiernos kirchneristas acompañó en su pedido de investigación los resúmenes de gastos de las tres tarjetas, en rigor una con dos extensiones, en el período que va de setiembre de 2016 hasta dos meses después del cambio de gobierno de diciembre pasado. En ellos se pueden observar gastos de representación que corresponderían con las funciones que cumplían los denunciados (hoteles, pasajes de avión, etc) como así también lo que aparentan ser erogaciones personales que nada tendrían que ver con sus roles dentro de la administración pública.

En su denuncia Fernández calificó esos gastos de “un verdadero brouchure de restaurantes de lujo, hoteles ‘spa’, vinotecas, cafés y bares (sin poder dejar de mencionar los gastos de ‘carnicería’ y ‘supermercado’)”, detalla el texto. Traducido al castellano brochure significa folleto. “Varios de esos consumos han sido realizados en zonas residenciales en las que esta entidad no registra siquiera oficina alguna”, como el partido de Pilar, según pudo advertir Juez y Parte, se añade en la denuncia del actual interventor en YCRT.

Los acusados pidieron a YCRT el detalle de los gastos imputados como irregulares y uno de ellos hasta reclamó el pago de su sueldo hasta mediados de año, según el intercambio epistolar al que tuvimos acceso. Y argumentaron la existencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19 para no cumplimentar con los solicitado por las nuevas autoridades de YCRT. El antecesor de Fernández había denunciado presuntos negociados en YCRT que involucraban al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en su domicilio por disposición judicial.

La competencia y otra denuncia del día

La denuncia de Fernández citó una reciente decisión del mismo juzgado al que ahora le tocó por sorteo su presentación en torno a la competencia de la Justicia federal porteña para intervenir en el caso. Es que muy probablemente la primera cuestión que se plantee en la causa sea justamente esa: si debe actuar el porteño Comodoro Py o el juzgado federal con jurisdicción en Río Turbio, situado en la capital de la provincia de Santa Cruz, la ciudad de Río Gallegos.

La empresa está en Río Turbio, su sede social en la Capital Federal y los gastos objetados fueron realizados tanto en la Patagonia como en territorio del AMBA. Para reforzar su hipótesis, y quizás con alguna otra intención, la demanda recuerda que la causa que llevó por primera vez al banquillo de los acusados y a su primer juicio oral a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntos delitos en el manejo de fondos públicos de Vialidad Nacional y obras en la provincia de Santa Cruz tramita en Comodoro Py y no el Sur, como reclamaron las defensas.

Fuente: Juez y parte