LA PROVINCIA DEL PETRÓLEO AHORA NECESITA GARANTIZAR UNA TAZA DE LECHE PARA QUE LOS CHICOS PUEDAN ESTUDIAR
ENTRE DECRETOS Y DEMORAS, EL GOBIERNO TERMINÓ ADMITIENDO LO QUE YA SE VEÍA EN LAS ESCUELAS: HAY CHICOS QUE TIENEN HAMBRE
Después de meses de demoras, observaciones parciales, cambios administrativos y expedientes dando vueltas, el gobierno de Claudio Vidal finalmente avanzó con la reglamentación de la Ley Provincial N° 3979, que crea el programa de Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar en Santa Cruz. La norma había sido sancionada por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2025 y recién ahora terminó de definirse cómo será aplicada en toda la provincia.
Detrás del lenguaje técnico, los decretos y la burocracia estatal, la noticia deja algo mucho más profundo y mucho más incómodo: el propio Estado terminó reconociendo que cada vez hay más chicos que necesitan asistencia alimentaria para poder sostener la escolaridad.
Porque cuando una provincia petrolera, minera y energética debe garantizar por ley desayunos, meriendas y refuerzos nutricionales en escuelas públicas, ya no estamos hablando solamente de una política educativa. Estamos hablando de una realidad social que hace tiempo empezó a colarse en las aulas, aunque muchos prefirieran no decirlo demasiado fuerte.
La ley contempla copa de leche, desayunos, meriendas saludables y asistencia alimentaria para estudiantes de establecimientos públicos, además de menús específicos para chicos con celiaquía, diabetes o distintas intolerancias alimentarias. Todo necesario. Todo urgente. Todo bastante más parecido a una respuesta de emergencia social que a un simple programa complementario.
Y quizás ahí aparece una de las mayores ironías políticas de este presente santacruceño. Durante años la discusión pública giró alrededor de miles de millones en regalías, petróleo, minería, producción y recursos naturales. Hoy una de las principales noticias provinciales es que el Estado logró finalmente reglamentar un sistema para garantizar una taza de leche y una merienda escolar.
El dato duele más porque en las escuelas la situación ya venía siendo evidente desde hace tiempo. Docentes que ven chicos llegar sin desayunar, instituciones sosteniendo contención alimentaria como pueden y familias golpeadas por salarios cada vez más deteriorados fueron construyendo una escena que el discurso político intentaba esquivar, pero que finalmente terminó apareciendo por la fuerza de la realidad.
En el medio, además, el gobierno decidió modificar parte del esquema original de la ley. Inicialmente, la autoridad de aplicación iba a quedar bajo el Consejo Provincial de Educación en conjunto con distintas áreas del Estado. Sin embargo, tras una observación parcial impulsada desde el Ejecutivo, finalmente será el propio gobierno provincial quien defina cómo y quién administrará el programa.
Mientras tanto, la realidad siguió avanzando mucho más rápido que los decretos.
Porque el problema no empezó con la reglamentación.
Ni apareció ahora.
Lo único que ocurrió es que finalmente el Estado terminó reconociendo, aunque sea de manera indirecta y envuelto en lenguaje administrativo, algo que en muchas escuelas santacruceñas ya se veía todos los días:
hay chicos que necesitan comer para poder estudiar.
