EL AGUJERO NEGRO DE SANTA CRUZ PUEDE
La auditoría del Tribunal de Cuentas sobre Santa Cruz Puede S.A.U. deja al descubierto algo más profundo que simples desprolijidades administrativas. Lo que surge del informe es un esquema de funcionamiento donde los controles parecen haber sido reemplazados por discrecionalidad, las compras por decisiones personales y la trazabilidad del dinero público por una montaña de facturas sueltas dentro de un bibliorato.
El documento oficial, de 61 páginas, expone una sucesión de irregularidades administrativas, financieras y de control interno que atraviesan prácticamente toda la estructura operativa de la empresa estatal creada por el gobierno de Claudio Vidal. Y aunque los auditores utilizan el lenguaje técnico habitual de este tipo de informes, entre líneas aparece una conclusión inquietante: Santa Cruz Puede operó durante meses con niveles mínimos de documentación, sin mecanismos elementales de transparencia y con millonarias erogaciones que, en muchos casos, no pueden reconstruirse correctamente.
Uno de los primeros datos que alarma al Tribunal es la concentración absoluta del manejo financiero. El informe deja asentado que Gustavo Sívori, presidente de la sociedad, figura como único firmante de todas las cuentas bancarias de la empresa, tanto en Banco Santa Cruz como en Banco Hipotecario. Es decir: no existían firmas conjuntas, dobles controles ni mecanismos internos de validación financiera. Toda la estructura económica dependía exclusivamente de una sola persona.
Pero el problema no termina ahí. El propio Reglamento de Compras y Contrataciones de Santa Cruz Puede —aprobado por la misma empresa— fue cuestionado por el Tribunal por carecer de reglas básicas. Los auditores señalan que no define procedimientos claros para aprobar contrataciones, no establece criterios objetivos de evaluación de ofertas, no reglamenta causales de rechazo, no prevé mecanismos ante empates entre oferentes y deja libradas decisiones millonarias “al criterio de las autoridades”.
En otras palabras: la empresa estatal tenía un reglamento que habilitaba amplios márgenes de subjetividad y discrecionalidad en el manejo de fondos públicos.
La auditoría también detectó algo todavía más grave: en la práctica ni siquiera se cumplía el reglamento interno que ya era deficiente. El Tribunal constató que los expedientes directamente no existían. Las operaciones estaban respaldadas únicamente por facturas y comprobantes de transferencias bancarias. No había órdenes de compra, notas de solicitud, presupuestos comparativos, informes técnicos, certificaciones de recepción ni documentación que acreditara que los bienes o servicios efectivamente habían sido entregados.
La descripción del Tribunal es demoledora: los gastos eran archivados “en un bibliorato”, mezclando pagos operativos, honorarios, seguros, cargas previsionales y contrataciones de monotributistas sin ningún criterio administrativo.
El informe también cuestiona la utilización de una “cláusula transitoria” que permitía compras abreviadas con la sola firma del presidente de la sociedad. Según los auditores, esa excepción terminó funcionando como un mecanismo para realizar contrataciones directas millonarias sin controles documentales mínimos.
Y cuando el Tribunal intentó reconstruir las operaciones, aparecieron inconsistencias difíciles de explicar.
Durante diciembre de 2025, Santa Cruz Puede registró erogaciones por más de 413 millones de pesos. Entre ellas aparecen compras de maquinaria agrícola por más de 61 millones de pesos a una empresa cordobesa llamada Agromec, pero sin actas de entrega ni altas patrimoniales que acrediten dónde quedaron esos bienes. También se detectó un anticipo de 18 millones de pesos para adquirir un Mercedes Benz Sprinter térmico de 44 millones, aunque la empresa ni siquiera contaba con la factura correspondiente.
La auditoría además encontró gastos vinculados a alojamientos, comidas, combustible, viajes y compras varias que carecen de justificación administrativa o documentación de respaldo.
Uno de los puntos más delicados involucra un pasaje aéreo adquirido a través de Despegar. El reintegro fue transferido a una tercera persona, pero la reserva figuraba a nombre de Eugenio Fernando Grela, alguien que —según el propio informe— no posee vínculo laboral con la empresa estatal ni integra la nómina de empleados. El Tribunal pidió explicaciones sobre la relación entre esa persona y Santa Cruz Puede, además de los motivos de la compra.
También aparecen gastos llamativos en mantenimiento de cuatriciclos y vehículos sin identificación patrimonial, reparaciones sin dominio ni inventario, compras de insumos sin especificar destino y contrataciones cuyos bienes nunca fueron incorporados formalmente al patrimonio estatal.
Como si fuera poco, el Tribunal detectó que Santa Cruz Puede ni siquiera posee un Registro de Proveedores y Contratistas. Esto implica que la empresa no verificaba adecuadamente la situación fiscal, capacidad económica, posibles incompatibilidades, conflictos de interés ni antecedentes comerciales de quienes contrataban con el Estado.
El informe incluso menciona contrataciones con firmas radicadas fuera de Santa Cruz sin que existieran mecanismos claros de selección o control.
A lo largo del expediente aparecen nombres y proyectos que el gobierno provincial presentó durante meses como símbolos de la “nueva matriz productiva”: producción de granos, fábricas de alimentos balanceados, viviendas modulares, explotación de mataderos, pelletizadoras, procesamiento de pescado, administración de ingresos a Parques Nacionales y hasta acuerdos con Vitalmed S.A., la firma vinculada al polémico esquema de telemedicina.
Pero detrás de esa narrativa épica de desarrollo productivo, la auditoría revela otra realidad: compras sin expedientes, maquinaria sin registros patrimoniales, pagos sin respaldo, gastos difíciles de justificar y controles internos prácticamente inexistentes.
La conclusión implícita del Tribunal es contundente. Santa Cruz Puede no solo funcionó con debilidades administrativas severas. Funcionó durante meses bajo un esquema donde el dinero público circuló con una opacidad incompatible con cualquier estándar mínimo de administración estatal.
Y el problema político para el gobierno de Claudio Vidal es todavía mayor: la empresa que debía convertirse en el emblema de la “eficiencia privada aplicada al Estado” terminó bajo observación precisamente por aquello que prometía combatir.
