13.000 PASAJES Y MUCHAS PREGUNTAS
FLYBONDI: LOS DOCUMENTOS QUE EXPONEN EL MILLONARIO ACUERDO QUE FIRMÓ EL GOBIERNO DE VIDAL
La Provincia comprometió US$ 1,41 millones para sostener la llegada de Flybondi, entregó 13.000 tramos aéreos para administrar discrecionalmente y luego firmó una adenda que habilita cubrir gastos adicionales de la compañía. Los documentos abren interrogantes sobre el verdadero costo de una política que se presentó como una inversión estratégica.
No fue un anuncio más.
Cuando Claudio Vidal presentó la llegada de Flybondi a Río Gallegos, el discurso oficial habló de conectividad, desarrollo, turismo y oportunidades. Lo que no se explicó con el mismo detalle fue cuánto dinero estaba dispuesto a poner el Estado provincial para que esa operación se concretara.
Los documentos oficiales permiten reconstruir una historia bastante más compleja.
El acuerdo firmado entre la Provincia de Santa Cruz y FB Líneas Aéreas establece que el Gobierno provincial se comprometió a otorgar a la empresa un estímulo financiero equivalente a US$ 1.410.000. El desembolso debía realizarse en doce cuotas mensuales consecutivas de US$ 117.500 cada una, convertidas a pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.
En otras palabras, mientras el discurso público hablaba de inversión privada, el contrato establecía una asistencia económica directa financiada por el Estado provincial.
Pero el dinero no fue el único beneficio.
El mismo acuerdo creó un sistema de canje mediante el cual Flybondi puso a disposición de la Provincia un cupo de 13.000 tramos aéreos. La administración de esos pasajes quedó exclusivamente en manos del Gobierno de Santa Cruz, que tendría la facultad de designar unilateralmente a los beneficiarios.
Los documentos incluso detallan procedimientos internos para cargar pasajeros, emitir reservas y gestionar pasajes considerados urgentes. El interrogante que surge es inevitable: ¿quiénes viajaron? ¿Con qué criterio fueron seleccionados? ¿Existe un registro público de los beneficiarios? ¿Cuántos funcionarios, asesores o allegados utilizaron ese mecanismo?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque los pasajes no formaban parte de una política social, ni de un programa turístico abierto, sino de un esquema administrado directamente por el Estado provincial.
Sin embargo, el dato más llamativo aparece un año después.
El 31 de enero de 2025, ambas partes firmaron una adenda que modificó el marco legal del acuerdo original y agregó una nueva obligación para la Provincia. Allí se establece que Santa Cruz se compromete a cubrir “mayores gastos” para garantizar la normal operatividad de la prestación del servicio aerocomercial, hasta los montos que disponga el Ministerio de la Producción mediante los instrumentos legales correspondientes.
La redacción es breve, pero significativa.
Porque mientras el acuerdo original fijaba una cifra concreta —US$ 1,41 millones— la adenda incorpora la posibilidad de afrontar gastos adicionales vinculados a la operación de la empresa.
¿Cuáles gastos?
¿Cuánto dinero implicaron?
¿Cuántas veces se utilizó esa facultad?
¿Existieron resoluciones posteriores autorizando desembolsos?
Los documentos no lo explican.
Tampoco se encuentra, al menos en los instrumentos analizados, una estimación pública sobre el costo fiscal total de la operación.
La discusión de fondo no es si Flybondi debía llegar o no a Santa Cruz.
La discusión es otra.
Si el Estado destinó millones de dólares, otorgó beneficios económicos directos, administró miles de pasajes y luego asumió la posibilidad de cubrir gastos adicionales para garantizar la operación, los santacruceños tienen derecho a conocer cuánto costó realmente la conectividad aérea que se les prometió.
Porque cuando los recursos públicos son escasos, la transparencia deja de ser una opción.
Se transforma en una obligación.
“El problema ya no es cuánto recibió Flybondi. El problema es cuánto terminó pagando Santa Cruz.”
