Pero cuando se corre un poco el foco, la escena cambia. No es la primera vez que el poder político provincial queda salpicado por denuncias graves. Y ahí es donde aparece la pregunta incómoda: ¿la vara es la misma para todos o depende de quién esté del otro lado del mostrador?

Porque en este caso no hubo dudas, no hubo espera, no hubo proceso administrativo previo. Hubo una reacción quirúrgica para despegarse del escándalo. Una decisión política que busca enviar un mensaje claro hacia afuera: el Gobierno no se mezcla con este tipo de hechos. Ahora bien, ¿esa misma rapidez se aplica siempre?

El operativo, por su parte, deja poco margen para relativizar. Trece allanamientos en Santa Cruz, más de 70 en todo el país, coordinación con 16 países y una investigación que apunta a delitos contra menores en entornos digitales. Un entramado global donde la provincia aparece dentro de un mapa mucho más grande. En ese contexto, la presencia de una funcionaria pública dentro de la investigación no es un detalle: es un problema institucional.

Se secuestraron dispositivos, hay personas identificadas, hay menores involucrados y organismos de protección actuando. Todo bajo protocolo. Todo en regla. Pero el daño ya está hecho. No solo por el hecho en sí, sino por lo que deja expuesto: un Estado que reacciona cuando la Justicia golpea la puerta, pero que no logra anticiparse.

Y ahí vuelve la duda que incomoda en los pasillos: si la decisión fue tan inmediata, tan contundente, tan ejemplificadora… ¿es porque el caso lo amerita o porque el apellido no pesa?

Porque en política, muchas veces, no alcanza con lo que se hace. También importa cuándo se hace… y con quién.